El Valle de los Caídos regresa a la actualidad política con el cambio de Gobierno. El debate sobre el uso que debe de darse al monumento franquista lo volvió a colocar sobre la mesa este sábado el secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, quien avanzó en Asturias durante un acto de homenaje a un centenar de personas enterradas en una fosa común la intención de su partido de exhumar los restos de Francisco Franco y entregárselos a su familia para que sean enterrados fuera del mausoleo que mandó construir el dictador. "El lunes propondré en la Ejecutiva Federal del partido que el Gobierno convierta la propuesta de ley del PSOE en proyecto de ley lo antes posible porque los compromisos del partido tienen que ser los compromisos del Ejecutivo", afirmó Perelló.

La propuesta de ley a la que aludió el secretario de Justicia socialista es una iniciativa para revisar la Ley de Memoria Histórica de 2007 que se registró en el Congreso en diciembre pasado. Precisamente, una de las acciones que figura en esta reforma es "el traslado de los restos de Francisco Franco Bahamonde fuera del Valle de los Caídos y los de José Antonio Primo de Rivera a un lugar no preeminente del recinto o al que designe su familia". En el caso de Primo Rivera, el PSOE considera que sus restos pueden permanecer en el Valle de los Caídos, ya que el fundador de Falange fue víctima de la Guerra Civil al ser fusilado en 1936 por el bando republicano.

Trasladar los restos de Franco no es la única medida que figura en la reforma que ahora quiere recuperar el PSOE. La propuesta contempla, entre otras medidas, incluir en el Código Penal el delito de apología del fascismo y franquismo- lo que podría conllevar la ilegalización de la Fundación Francisco Franco-, que las exhumaciones de los más de 100.000 desaparecidos enterrados en fosas comunes se conviertan en una política pública o la nulidad de las resoluciones judiciales de los tribunales de excepción franquistas.

La proposición de ley del PSOE fue vetada por el anterior Gobierno del PP bajo el argumento de que supondría un aumento extra en el gasto presupuestario de más de 213,29 millones. La mesa del Congreso avaló después el veto con el apoyo de los populares y de Ciudadanos.

No hay decisión tomada

La posibilidad planteada por el secretario de Justicia del PSOE originó este domingo reacciones de distinto signo. Una de ellas fue la de la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien aseguró que "a nivel de Gobierno no hay tomada ninguna decisión" sobre la reforma de la Memoria Histórica.

Desde el PP, la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, acusó al PSOE de buscar la confrontación entre españoles al insistir en la exhumación del dictador. Se trata de un argumento similar al que ya usó el PP cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una Ley de la Memoria Histórica cuya aplicación cayó a mínimos con la llegada de los populares al poder en diciembre de 2011. "Ya no es Zapatero, es Pedro Sánchez quien quiere volver a intentar hacer sociedades bipolares que ya están superadas", criticó Levy.

Se da por sentado que la reforma de la Ley de la Memoria Histórica contará con el visto bueno de Podemos, aún cuando los de Pablo Iglesias puedan criticar algunos aspectos que consideren insuficientes. Partidos nacionalistas e independentistas también la respaldarán y la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, adelantó este domingo que su formación está dispuesta a negociar una solución de consenso para el Valle de los Caídos.