Decía Josep Borrell, hace pocos días, que «Cataluña está al borde de un enfrentamiento civil», si bien aclaraba que eso no significa una guerra. Lo que hemos ido viendo, en estas últimas semanas, en algunas playas o en la Universidad de Barcelona le da la razón. Esa mitad, por lo menos, de los catalanes que también se sienten españoles ha salido de la pasividad y ahora reclama sus derechos. El primero, el de expresar sus puntos de vista sin ser avasallados; el de que el espacio público, que es de todos, no se vea sistemáticamente ocupado por los extremistas del lazo amarillo. Y en el mundo independentista hay radicales que no están dispuestos a permitirlo. Así que muchas veces saltan chispas. Pero esa manifestación de la pluralidad de la sociedad catalana es, en el fondo, sana y necesaria. Quienes están en contra de las aventuras secesionistas no deben hacer dejación de sus derechos. Y las instituciones, empezando por las catalanas, deben garantizar que puedan ejercerlos. Vuelve a hablarse del diálogo como solución al conflicto catalán. Pero el entendimiento más urgente no es entre la Generalitat y el Estado, sino el que debe reconstruir, en su interior, la propia sociedad catalana.