Una dimisión obligada
Màxim Huerta dimitió este miércoles como ministro de Cultura y Deportes tras conocerse que defraudó a Hacienda y fue sancionado por ello. Aunque se resistió durante horas y aunque finalmente no reconoció su falta de ética, estaba obligado a renunciar. Pedro Sánchez se convirtió hace trece días en presidente del Gobierno por el empuje de un movimiento social que exige la regeneración del sistema político español.
Màxim Huerta fue sancionado a abonar 365.939 euros por los impuestos que dejó de pagar cuando trabajaba como presentador de televisión y declaraba a través de una sociedad, lo que permitía tributar menos que si lo hubiera hecho como renta personal con el IRPF. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó los recursos de Huerta tras notificarle la Agencia Tributaria lo que debía pagar, advierte que su conducta "no puede ser calificada sino de voluntaria y culpable ( ) no pudiéndose apreciar buena fe en su actuación en orden al cumplimiento de sus obligaciones fiscales". Se trata de una declaración letal para el miembro de un Gobierno nacido presumiblemente de una refundación moral. Por eso este miércoles dimitió, aunque a primera hora de la mañana anunciase que no lo haría y desde Moncloa se dijese que aceptaban sus explicaciones. Por la tarde renunció y eso hay que destacarlo, sobre todo en un país donde tanto les cuesta a los cargos públicos dimitir cuando yerran.
Sánchez sabe que su Gobierno es el resultado de una moción de censura contra la corrupción y que no puede amparar a defraudadores. La ejemplaridad ética es la que permitirá la restitución de la confianza de los españoles en sus instituciones.
