Estado de derecho
El Tribunal Supremo ha acordado finalmente condenar a Iñaki Urdangarin a una pena de cinco años y diez meses de prisión por el caso Nóos, cinco meses menos de lo que sentenció la Audiencia de Palma, lo que le obliga de manera casi automática a ingresar en prisión. Queda demostrado que en España nadie está por encima de la ley.
La sentencia del Alto Tribunal supone una leve rebaja, ya que le absuelve del delito de falsedad en documento público al entender que no ha quedado probado. Además, ratifica la responsabilidad como partícipe a título lucrativo de Cristina de Borbón en el delito de malversación y fraude de su marido, pero se la retira respecto al delito fiscal. No obstante, el Supremo considera "acreditado" que Urdangarin aprovechó "la situación de privilegio de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces Jefe del Estado" para que el Gobierno balear contratara con el Instituto Nóos, que él controlaba.
Con esta condena se pone punto y seguido a un asunto que lleva más de doce años de instrucción y juicios. La sentencia del caso Nóos refuerza la independencia de la Justicia en España. Frente a los que afirmaban que nadie se atrevería a investigar a un miembro de la Familia Real, la Justicia ha actuado de forma eficaz, ha sentado en el banquillo a quien ha considerado oportuno y ha decidido con independencia. Queda demostrado, pues, que en España funciona el Estado de derecho. Además, la distancia mantenida por el rey Felipe VI ha sido encomiable y confiere a la jefatura del Estado toda la dignidad que se espera de un órgano constitucional que debe caracterizarse por la ejemplaridad.
