La Fundación Francisco Franco y la familia del dictador han denunciado a las 19 personas participantes en la toma simbólica del Pazo de Meirás llevada a cabo el mes de agosto de 2017 por los presuntos delitos de violación de morada, contra el honor con publicidad, por daños y odio.

Según ha revelado este jueves en conferencia de prensa el colectivo de personas denunciadas, las penas por estos presuntos delitos sumarían "un mínimo" de 13 años de prisión para cada uno de ellos.

A esas penas de cárcel se sumaría una multa por un importe superior a medio millón de euros que deberían abonar los 19 militantes nacionalistas y activistas que participaron en este asalto pacífico para reclamar la devolución de la propiedad pública de este inmueble, junto con otros bienes en manos de los herederos del dictador como la Casa Cornide o las estatuas del Mestre Mateo.

El colectivo de denunciados ha defendido ante los periodistas que sus actos no pueden constituir delito de violación de morada porque se produjeron "en un día previsto como visita" y en un edificio abierto al público, además de insistir en que "no hubo ningún tipo de violencia".

De igual forma, han considerado "como mínimo irónico que una Fundación que hace apología del fascismo y de la dictadura acuse a personas demócratas de un delito de odio y de atentado al honor".

En los hechos en torno a la toma simbólica de Meirás están implicados varios cargos representativos del BNG e incluso cargos de responsabilidad dentro de su estructura organizativa, como el portavoz municipal en Santiago de Compostela, Rubén Cela, y el coordinador de Organización, Bieito Lobeira.

El secretario general de la UPG, Néstor Rego, ha ejercido la portavocía del grupo y ha insistido en que "las acusaciones carecen de fundamento" y que el acto reivindicativo se enmarca "dentro del ejercicio democrático de la libertad de expresión".

"Rescatar el Pazo de Meirás, la Casa de Cornide y las estatuas del Pórtico de la Gloria es una ineludible exigencia democrática y una manera de hacer justicia a las víctimas directas del expolio y a la totalidad de víctimas del franquismo", ha añadido, además de resaltar que "también es una forma de restituir la memoria democrática y la dignidad colectiva".

La comparecencia ha terminado con una petición de apoyo a todas las personas, colectivos e instituciones que quieran sumarse a la causa y consideren "injusta e inadmisible" la acusación.

Una de las primeras muestras de solidaridad ha llegado a cargo de la eurodiputada del BNG, Ana Mirada, que, mediante un comunicado, ha trasladado su apoyo a los 19 involucrados y que ha coincidido en tachar de "inadmisible" la denuncia y la demanda de penas de prisión.