Por
  • Concha Roldán

Bajar a la calle

Pancartas en la huelga feminista del 8 de marzo.
Huelga feminista del 8 de marzo.
EFE

Bajar a la calle en masa para llamar la atención cívicamente sobre un problema social parece que va sirviendo de algo. Y lo parece después de comprobarse que nuestros gobernantes llevan mucho tiempo instalados en un mundo propio y, por consiguiente, ignorando los verdaderos problemas cotidianos de los ciudadanos. Las preocupaciones de nuestros gobernantes no coinciden con las de sus votantes, ya que están más preocupados en la lucha política diaria y en la defensa de sus particulares intereses, que en enterarse bien de cómo vive la ciudadanía para poder descubrir la necesidad de mejorar el Estado de bienestar español, en deterioro e inferior al de otros países de la Unión Europea.

Las reiteradas manifestaciones de pensionistas, la histórica protesta de mujeres del 8 de marzo contra la desigualdad y contra la violencia machista; las reivindicaciones laborales por los bajos salarios y la precariedad en el empleo; las demandas colectivas de inversión contra la despoblación; las protestas por los recortes… han llevado a los políticos a incorporar en sus discursos las demandas de las manifestaciones y a adoptar alguna medida para intentar calmar los ánimos. Pero vista la desvergüenza de la corrupción, los ciudadanos no están para conformarse con migajas y exigen disfrutar plenamente de sus derechos dentro de un Estado social como constitucionalmente es España.

Las manifestaciones del 8 de marzo de este año, por ejemplo, fueron tan importantes y tan esperanzadoras que será difícil que la realidad no cambie incluso a corto plazo. Porque, junto a los cambios normativos imprescindibles contra la violencia sexual, algo se ha empezado a mover en favor, por ejemplo, de la igualdad, cuando muchos hombres se están sumando a esta reivindicación. Dos hechos son un avance: El boicot, por más de 50 economistas y académicos españoles, de debates, congresos, conferencias y demás actos en los que no haya presencia de mujeres en calidad también de expertas; y la incorporación, por la presión ambiental, de catedráticas a la Comisión que revisa los delitos sexuales que solo iba a estar compuesta por hombres. No, sin mujeres.