El nuevo gobierno de la Generalitat catalana se constituye este sábado, siete meses después de que Mariano Rajoy destituyera al anterior, en virtud del artículo 155 de la Constitución, y después de haber aprobado las leyes de la desconexión, la celebración de un referéndum ilegal y de haber declarado la independencia el 27 de octubre.

Cataluña recobra parte de la normalidad con el fin del 155, que decae en cuanto el nuevo ejecutivo empiece a dar sus primeros pasos. La toma de posesión de los nuevos consejeros se ha demorado más de lo normal, tras la pugna que mantenían Mariano Rajoy y Quim Torra. El presidente de la Generalitat prometió el cargo el pasado 17 de mayo y hasta la fecha sus consejeros no habían podido hacer lo propio, ya que la Moncloa se negaba a publicar el decreto de nombramiento de los nuevos consejeros en el diario oficial de la Generalitat.

Lo hizo ayer, pero para ello Torra tuvo que renunciar a restituir en su cargo a dos de los exconsejeros que están en prisión (Jordi Turull y Josep Rull) y a dos que están huidos en el extranjero (Lluís Puig y Toni Comín). Finalmente, Torra dio marcha atrás, cedió ante la presión de la Moncloa y desbloqueó la formación de un gobierno viable, sustituyendo a los cuatro exconsejeros por cuatro dirigentes que no están pendientes de un procesamiento. Torra movió ficha dos días antes de la moción de censura, lo que despertó suspicacias en el PP sobre un posible pacto con Sánchez.

El acto de este sábado, en el Palau de la Generalitat, devuelve todo el poder a la administración catalana, que recobra la autonomía, aunque está por ver si las cuentas siguen intervenidas por el nuevo titular del Ministerio de Hacienda.

Gesto con Rull y Turull

Antes de la toma de los nuevos consejeros, Torra quiso ayer tener un gesto con los dirigentes que estaban llamados a formar parte de su gabinete, pero que la negativa del Gobierno se lo ha impedido. El presidente de la Generalitat envió ayer una carta a Josep Rull y Jordi Turull, ambos en prisión, en la que se compromete a incorporarlos a su ejecutivo cuando pueda hacer efectivo sus nombramientos.

"Mi propósito, por escrito y de manera solemne, os quiero expresar, es que en el momento en que pueda hacer efectivo vuestro nombramiento seréis inmediatamente incorporados", según Torra. La misma intención tiene con Carles Puigdemont.

Los primeros pasos del presidente de la Generalitat están marcados por una política de gestos. Así, ayer formalizó la presentación de una querella ante la Sala Penal del Tribunal Supremo por un delito de "prevaricación por omisión" contra Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, por su negativa a publicar en el DOGC su primer decreto de nombramiento de consejeros.

Según la querella, fue "una decisión arbitraria, extralimitadora de competencias y sin ningún amparo legal, contraviniendo de este modo la ejecución de un acto reglado, debido y obligatorio". La denuncia señala además que la no publicación del decreto vulneró los derechos políticos de Quim Torra como presidente de la Generalitat.