El juicio contra los tres bomberos españoles Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre por un presunto delito de tráfico de personas, penado con diez años de cárcel, ha arrancado este lunes 7 de mayo alrededor de las 9.30 en Mitilene, capital de Lesbos. Fueron detenidos en 2016 por la Guardia Costera Griega cuando desempeñaban tareas de rescate de refugiados como voluntarios de la ONG Proem-AID.

Junto a ellos está el cónsul español en Atenas y una representación del Parlamento andaluz, encabezada por la consejera de Justicia a Interior, Rosa Aguilar, así como responsables del Ayuntamiento de Sevilla, han informado desde Proem-AID.

Los tres funcionarios se desplazaron a la ciudad el pasado sábado 5 de mayo para afrontar el juicio. "Nos encontramos bien de ánimo por el apoyo y la ayuda que estamos recibiendo, pero a la vez intranquilos por la gravedad de las acusaciones. Esperamos que todo salga bien y poder volver a España con una sonrisa y celebrando que, al final, se impuso la razón y se nos declara inocentes", indicaron. De hecho, tienen billete de vuelta a España el 10 de mayo.

Un caso que se remonta a 2016

Blanco, Latorre y Rodríguez afrontan este lunes en Lesbos (Grecia) un juicio por tentativa de tráfico de personas tras ser detenidos el 14 de enero de 2016 cuando realizaban labores de rescate humanitario de refugiados como voluntarios de la ONG Proemaid.

Proemaid comenzó su labor humanitaria en la isla griega de Lesbos a finales de 2015 y hasta agosto de 2017 ha llevado a cabo una treintena de misiones.

El 14 de enero de 2016 los tres llevaban quince días en Lesbos rescatando a personas cuyas lanchas amenazaban con hundirse antes de tocar la costa griega y una vez más, ante una llamada de alerta, volvieron a salir al mar en un barco de la ONG danesa Team Humanity -ya que el suyo estaba en reparación- cuyo capitán y otro tripulante también serán juzgados junto a ellos.

Regresaron sin encontrar la lancha y a la vuelta fueron interceptados por los guardacostas griegos y detenidos por tráfico de personas en grado de tentativa, por lo que pasaron dos días en los calabozos hasta pagar una fianza de 5.000 euros.

Mañana se enfrentan al juicio en Mitilene (capital de Lesbos) por esta acusación que en el Código Penal está castigada con hasta diez años de prisión, si bien a su salida ayer de Sevilla se mostraron optimistas en que la sentencia -que se dictará tras la vista oral- sea absolutoria.

En una entrevista, los bomberos reconocieron que les "duele" que les acusen de tráfico de personas cuando su labor está en las "antípodas" de ese delito, ya que aparcaron su vida personal y profesional para poner sus conocimientos de rescate al servicio de personas que se jugaban la vida para alcanzar las costas griegas desde Turquía huyendo de conflictos como la guerra de Siria.

También denunciaron que tras su caso, como el de los responsables de Open Arms cuyo barco fue incautado en Italia donde colaboraba en el rescate de refugiados procedentes de Libia o la acusación contra la activista Helena Maleno por su labor con los inmigrantes que cruzan el Estrecho, hay cierta criminalización de la ayuda humanitaria porque "somos testigos de lo que ocurre y no les gusta".

Los bomberos sevillanos contarán en el juicio con el respaldo de la consejera de Justicia del Gobierno andaluz Rosa Aguilar, una delegación de diputados del Parlamento autonómico y representantes del Ayuntamiento de Sevilla, que viajarán hasta Lesbos para mostrar el apoyo de las instituciones españolas a su labor y la confianza en su inocencia.

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, también se comprometió con ellos a que habrá presencia diplomática de la Embajada española.

Su caso ha suscitado una oleada de solidaridad en la sociedad andaluza y española y en colectivos como el del mundo de la cultura que realizó una campaña a su favor.

En coincidencia con la celebración del juicio, mañana a las 11.00, está convocada una concentración de apoyo frente al Ayuntamiento de Sevilla.