Las calles y muchísimos establecimientos de nuestras ciudades cuentan con un número cada vez mayor de cámaras de videovigilancia. Su función está acotada y su uso, sometido a una estricta normativa, de manera que la seguridad no sirva de pretexto para vulnerar otros derechos de los ciudadanos. Cifuentes, como todos hemos visto, cometió un hurto, una conducta delictiva menor pero que resulta inadmisible en una persona con su responsabilidad. Sin embargo, en este asunto ha habido, obviamente, otros comportamientos que también han podido ser delictivos y quizás mucho más graves que el de la afectada. Las imágenes que captan esas cámaras deben ser destruidas en un plazo, no pueden utilizarse para otro fin que el autorizado y, por supuesto, no pueden ser objeto de mercadeo. Y sin embargo, el vídeo de Cifuentes llegó de manera ilegítima a manos de terceros, que lo guardaron, que lo utilizaron torticeramente, quizás fue objeto de sucesivas transacciones. ¿No debería alguien, la Justicia, la Agencia de Protección de Datos, investigar lo que ocurrió? No por Cifuentes, sino porque al final lo que está en juego son derechos fundamentales de todos los españoles.