Con toda la precaución que como jurista debo asumir al no conocer con detalle los fundamentos jurídicos de la sentencia, el resultado del procedimiento no me puede parecer bueno. Principalmente, porque no creo que estemos ante uno abuso sexual, sino ante una agresión. Cinco hombres que juntos acorralan a una joven de 18 años en un portal ejercen claramente sobre ella una acción intimidatoria, una fuerza contra la que no puede luchar.

No se trata de un tema de penas en el que lo único que importe sea que a los acusados les caigan nueve o más años de prisión. Estamos ante una cuestión de concepto, de que los jueces y tribunales españoles tengan claro cuáles son las formas de ejercer violencia contra una mujer y cuándo la actitud de un hombre o un grupo de ellos resulta o no intimidatoria. Y en mi opinión, con las precauciones debidas, entiendo que lo sucedido a esta chica fue una clara agresión.

La repercusión mediática de unos hechos de esta naturaleza es enorme. Pero ello no implica necesariamente que el tribunal deba sentirse condicionado: porque cada tribunal se compone de unos jueces y cada uno tiene su pensamiento. Lo que no podemos olvidar es de que en este caso existe un voto particular que puede tener su peso ante un más que seguro recurso.

Lo que me preocupa son las consecuencias que puede tener este fallo. Porque cuando alguien se decide a denunciar unos hechos tan graves asumiendo el enorme desgaste que supone el foco mediático para que luego le digan que no ha sido víctima de una agresión el mensaje que se lanza a la sociedad es peligroso. Con sentencias así, puede que otras víctimas se lo piensen mucho antes de denunciar.