Como escribía ya hace unos cuantos años Aldous Huxley: "El recuerdo de todo hombre es su literatura privada". Dada mi edad y condición es evidente que si algo no se me puede quitar es el recuerdo. Y uno de mis recuerdos son las movilizaciones estudiantiles reivindicando un cambio del sistema educativo que comportara mejoras sustanciales para los centros públicos. Durante cerca de dos meses, enero y febrero de 1987, las clases estuvieron prácticamente paralizadas y miles de estudiantes se manifestaron multitudinariamente en la mayor parte de las ciudades y, también, en Zaragoza. El conflicto se cerró, al menos temporalmente, con un programa de medidas que el Ministerio puso en práctica en las enseñanzas medias. Fueron muchas y largas las reuniones que mantuvimos con los estudiantes aquellos años. Tuvimos que distinguir claramente lo que eran las manifestaciones y el movimiento estudiantil en su conjunto. Lo vivimos y analizamos como la puesta de largo de la primera generación de la democracia, de unos jóvenes que desde que tenían uso de razón habían vivido en democracia y cuyo primer conflicto político fue este. Esos millones de jóvenes deberían tener la confianza, al final del conflicto, de que las instituciones políticas, las instituciones de la democracia eran sus instituciones. El Gobierno tenía un proyecto y fue capaz de compartirlo, dado que la política son también explicaciones y sentimientos. Entendimos que era necesario que tuvieran la confianza en que un Gobierno democrático, independientemente de su color político, sabe ser sensible y receptivo a sus problemas. Lo importante era buscar una salida que, manteniendo el norte de la política educativa, diera al mismo tiempo satisfacción a las demandas legítimas de los estudiantes, y subrayo legítimas.

Es un ejemplo como otros muchos, este vivido en primera persona, de que los conflictos políticos se resuelven, en los sistemas democráticos, a través de propuestas políticas que son consecuencia de negociaciones y diálogo; de lo contrario nos encontraríamos en un conflicto largo en el tiempo, una especie de guerra de trincheras en la que ni se avanza un palmo ni se retrocede un metro. En los últimos años hemos vivido en nuestro país manifestaciones y movilizaciones políticas en Cataluña, en los últimos meses hemos constatado que ya no son solo de una parte, y que dentro de los propios bloques heterogéneos existen importantes fracturas. Ahora bien, lo que ha quedado claro es que no es posible la unilateralidad y que la ley democrática es el marco necesario y el límite infranqueable de propuestas, negociaciones y diálogo. Cuando ese límite se traspasa o se atiza el conflicto con el objetivo de hacer saltar el marco legal, ya nos hemos salido del espacio de la democracia para entrar en la órbita del caos o la dictadura. Recordemos que el ‘Parlament’, siguiendo la peor tradición política española, se pronunció por la independencia violando la Constitución y el Estatuto de autonomía que les había permitido gobernar legítimamente durante 40 años. Por ello, algunos historiadores consideran un ‘pronunciamiento civil’ lo que denominaron ‘declaración unilateral de independencia’. Hemos de añadir que las últimas ocupaciones del espacio público no han sido amables. Y que si bien ha habido poca violencia física, sí ha habido muchísima violencia simbólica o moral. Creo que es buen momento para recordar que el éxito de España como país, en los últimos 40 años, tiene mucho que ver con el sistema autonómico y que en democracia los votos no borran los delitos. No hay política fuera de la ley y, algo que considero fundamental y que creo que han olvidado, que las leyes sirven, ante todo, para proteger a los más débiles.

Entiendo que la calle no puede dictar la ley, pero la política no puede obviar lo que está pasando en la calle, que tiene mucho que ver con el deterioro de las condiciones económicas, lo que provoca en algunos colectivos una pérdida de fe en la política. Las leyes existen y hay que aplicarlas, pero también justificarlas.

Hoy como ayer lo importante es una salida que, manteniendo la democracia, dé al mismo tiempo satisfacción a las demandas legítimas de los catalanes, y subrayo legítimas. Los nacionalistas saben que la pretensión independentista se estrelló con la ley, con la economía y con la fractura por la mitad de su población. Cualquiera de estos obstáculos por sí solo es suficiente para frustrar su proyecto. Ahora bien, es importante saber que la ley democrática debe ser tan amplia como para admitir en su seno muchas opciones políticas, incluida la de su reforma.