El juez deja en libertad a la detenida de los CDR al no apreciar delito de terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado en libertad a la presunta coordinadora de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenida el martes en Viladecans (Barcelona) al no ver un delito de terrorismo ni de rebelión en sus acciones y calificarlas de desórdenes públicos.

La Fiscalía ha pedido su ingreso en prisión provisional tras tomarle declaración durante poco más de una hora a lo que el magistrado se ha opuesto y le ha impuesto medidas cautelares.

Al dejarla en libertad el juez ha decretado para ella comparecencias semanales en el juzgado de guardia, prohibición de salir de su municipio de residencia salvo para ir al trabajo, autorización judicial para cualquier salida del término municipal en el que reside, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y telefóno.

Además, el magistrado ha decidido mantener bajo secreto esta causa en la que se trató de detener a otro miembro de los CDR, un hombre al que se intentó localizar el martes sin éxito en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y respecto al que De Egea ha decretado hoy una orden de busca y captura.

Tamara C.G. fue detenida en la operación Cadera de la Guardia Civil en virtud de una denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo y de rebelión, si bien hoy en una nota de prensa el Ministerio Público se limita a imputarle "delitos cometidos con finalidad de rebelión, sin perjuicio de las ulteriores calificaciones que puedan adoptarse tras el avance de la investigación".

Según la Fiscalía, la investigada "habría desarrollado actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje, formando parte de un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización de estos grupos".

Añade que estos grupos actúan "con actos de rebeldía, encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado, trasladando a la calle con actuaciones violentas el proceso soberanista catalán" que se investiga en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, "como una clara una amenaza directa al orden constitucional establecido".

La Fiscalía ha explicado que el motivo de pedir prisión es por la gravedad de las penas que se le podrían imponer, además del riesgo de reiteración delictiva, dadas las acciones que la detenida presuntamente pretendía coordinar, unido a la finalidad de evitar la destrucción de pruebas.

Sin embargo, el juez no ve delitos de terrorismo ni de rebelión, sino tan solo de desórdenes públicos, tipificado con una pena de prisión de 6 meses a 3 años de cárcel, que podría llegar a los 6 años con agravantes como el incendio, el uso de armas, explosivos o de máscaras para tapar el rostro o cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación.

De este delito no es competente la Audiencia Nacional, pero, según han informado a Efe fuentes jurídicas, el juez no tiene aún previsto inhibirse ante un juzgado ordinario al estar en vigor la orden de búsqueda contra el otro presunto coordinador de los CDR, sobre el que por ahora recaen sospechas de terrorismo o rebelión.

Una de las principales pruebas que la Guardia Civil ha esgrimido contra la detenida es un archivo de audio difundido por las redes sociales en que explicaba acciones y estrategias que supuestamente se planteaban los CDR para Semana Santa, como cortes en los accesos a Mercabarna o al Puerto de Barcelona.

En el marco de la operación, la Guardia Civil registró la vivienda de la detenida, de nacionalidad española, donde encontraron documentos sobre el acuartelamiento del instituto armado en Barcelona, además de una agenda, cartelería, una memoria externa, un ordenador y teléfonos móviles.