Cuatro meses después del inicio de la vista por la pieza política de los ERE, la que se enjuicia la puesta en marcha de un procedimiento inadecuado que permitía dar ayudas con opacidad y discrecionalidad, llegó el turno de la "cima de la pirámide" a la que apuntó la instrucción. El expresidente José Antonio Griñán desfiló ante el juez y ratificó, al igual que otros imputados, que cualquier posible irregularidad se produjo en el área de Empleo, cuyas ejecuciones de gasto nunca conoció. Y lanzó de nuevo la piedra al tejado de la Intervención subrayando que nunca recibió un informe de los supervisores, la única vía para poner freno a lo que sucedía.

La actitud de Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación, contrastó mucho con la que poco antes ofreció el exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Éste, tras siete días de interrogatorio, dijo "sentirse asustado y temeroso" ante las preguntas del presidente del tribunal, quien le puso contra las cuerdas al interrogarle sobre las "contradicciones" detectadas entre su declaración en la instrucción y la efectuada en esta vista.

Sereno y tranquilo, con cierto tono pedagógico, quien fuera ministro de Trabajo en el 1995 se dedicó a desgranar la normativa nacional y regional que se utilizaba para dar las ayudas previas a la jubilación. Una política de "subvenciones extraordinarias" que se impulsó desde el Gobierno central en la época de la reconversión industrial para llenar el vacío de aquellos trabajadores que agotaban el desempleo y debían esperar aún un tiempo para cobrar la prejubilación, o pertenecientes a empresas que quedaron fuera de ese proceso o no podían afrontar esa indemnización.

Sobre su labor en la Consejería de Hacienda (2004-2009), Griñán indicó que solo se encargaba de los programas de presupuesto, del volumen de gasto corriente y la inversión, pero no de la ejecución de gasto de cada consejería. Su labor, dijo, no alcanzaba al "detalle" necesario para estar al tanto de las supuestas irregularidades cometidas con dichos fondos, estimados en 741 millones de euros durante una década. Por este motivo, no conoció la partida 31-L -la que el director general de Trabajo Javier Guerrero llegó a calificar de "fondo de reptiles"- de la que se nutrieron las ayudas sociolaborales o empresas en crisis hasta que saltó el escándalo. Un desconocimiento, dijo, que se sustentaba en que esa partida representaba un porcentaje "insignificante" del área de Empleo, apenas un 0,3% de los 1.019 millones anuales del departamento, y menos aún dentro de los más de 30.000 millones de presupuesto anual de la Junta de Andalucía.

Sin "tacha alguna"

De esta manera, nunca habló sobre esos fondos con el consejero de Empleo de turno, y tampoco conoció a los beneficiarios de esas ayudas, como no los conocían, señaló, ningún miembro del Ejecutivo. La acusación principal de la Fiscalía es que no puso freno a esas irregularidades, aunque el expresidente se defendió una vez más subrayando que nunca se le instó a actuar y ponerles coto, y no podía hacerlo 'motu proprio'. Sólo se abría esa vía mediante los informes de actuación, que nunca se produjeron. Sí había informes con reparos de la Intervención, explicó, dirigidos siempre a la Consejería pertinente aunque con copia a Hacienda únicamente a título informativo y que eran supervisados por los técnicos y funcionarios. "Ninguna consejería tiene supremacía sobre otra", explicó para justificar que Hacienda no interviniera en otro área.

Así, Intervención detectó "debilidades" o deficiencias en las ayudas de Empleo que se pagaban a través de un ente público, pero no se estimaron tan graves como para pedir la actuación directa del consejero de Hacienda, algo habitual cuando pasaba un tiempo sin que se subsanasen las deficiencias o cuando se detectaba menoscabo de fondos públicos o riesgo de esta situación.

De hecho, tampoco la Cámara de Cuentas puso "tacha alguna" cuando fiscalizó dicho programa de ayudas, respondió a su defensa. En este punto, Griñán defendió incluso la figura de las transferencias de financiación, el mecanismo puesto en tela de juicio por la instrucción y que según el exconsejero son una figura "inocente" porque "no reconocen ninguna subvención", sino que simplemente se hacen para el pago de una ayuda. Tras el interrogatorio de Griñán, el juicio se retomará el lunes previsiblemente con el interrogatorio a Manuel Chaves.