Carles Puigdemont es un especialista en jugar al gato y el ratón mientras dispara sus mofas y críticas contra de la Justicia española cuando tiene la ocasión. Este viernes, una vez que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decretó el ingreso en prisión del fallido candidato a presidente Jordi Turull, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y otros tres exconsejeros tras notificarles el auto de procesamiento por un delito de rebelión en la causa del 'procés', el huido escribió un mensaje en su red social favorita: "El Estado español antidemocrático es una vergüenza para Europa".

Lo hizo poco antes de que el magistrado concluyera la maratoniana jornada con la reactivación de la orden europea e internacional de detención contra el expresidente de la Generalitat, los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig y la secretaria general de ERC Marta Rovira.

Un movimiento previsible de Llarena tras dictar el auto de procesamiento (un paso más hacia el juicio oral) contra 25 investigados y que provocó la inmediata reacción del mandatario virtual. "Reunión de urgencia esta noche con los consejeros para analizar la nueva ofensiva contra quienes defienden el derecho de los catalanes a decidir su futuro", escribió.

Se desconoce si este anuncio lo hizo ya de camino, a toda prisa, a su refugio belga, donde reside desde el pasado 30 de octubre para evitar su ingreso en prisión junto a los cabecillas políticos del 'procés': su vicepresidente Oriol Junqueras y su consejero de Interior Joaquim Forn, que siguen preventivos en el centro penitenciario de Estremera (Madrid).

Y es que a Puigdemont, de 55 años, la reactivación de la OEDE le pilló en Helsinki (Finlandia), segunda parada de su periplo europeo tras empezar la semana en Ginebra (Suiza), donde se reunió con la también huida Anna Gabriel, la dirigente de la CUP procesada únicamente por un delito de desobediencia (no conlleva prisión) y que solo mantiene la orden de detención nacional por no haber comparecido ante el juez.

Que el expresidente procesado en rebeldía estuviera en Finlandia el día en que la Justicia española ha vuelto a seguir su pista quizá no entraba dentro de su estrategia. La razón es muy sencilla: el Código Penal del país castiga con diez años de prisión la voluntad violenta de una persona de separar una parte de Finlandia del resto del territorio. La misma pena para el delito de alta traición, a quien por medio de la violencia intente derogar la Constitución finlandesa o alterarla, o los fundamentos políticos del país.

Es decir, en caso de que se hubiera tramitado allí la euroorden sí se cumpliría el condicionante de la doble tipificación del delito de rebelión, ya que está recogido en los códigos penales de ambos países. Una circunstancia que no ocurre en el Derecho belga y que podría influir en la vigencia del delito a la hora de tramitar la entrega de Puigdemont.

"Da igual donde esté"

Pese a esta circunstancia, Puigdemont quiso transmitir normalidad en una entrevista este viernes en el diario finés 'Helsingin Sanomat', donde aseguró que no tenía intención de salir huyendo. "Si se emite la orden europea de detención da igual en qué país esté. Las autoridades tienen que cumplir la ley", respondió.

Su abogado Jaume Alonso Cuevillas también declaró este sábado por la mañana a Catalunya Radio, quizá para despistar, que su cliente tenía tiene intención de entregarse a las autoridades finlandesas, como ya hizo en Bélgica cuando la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, primera instructora del 'procés', lanzó la primera euroorden. Incluso un portavoz de la Policía finlandesa llegó a confirmar que ya habían recibido a través de Interpol la documentación de la OEDE y que se había activado en consecuencia el "procedimiento normal de entrega".

Sin embargo, a primera hora de la tarde del sábado el diputado que había invitado a Puigdemont a un seminario a Helsinki, Mikko Kärnä, del liberal Partido de Centro, confirmó en una red social que acababa de "recibir información de que se fue de Finlandia la noche del viernes por medios desconocidos hacia Bélgica", a su residencia de Waterloo. Un extremo que fue corroborado por el mismo abogado que había asegurado horas antes en la radio pública catalana que tenía el propósito de entregarse en Helsinki.

Así, el juego del gato y el ratón del expresidente para evitar caer en manos de la Justicia finlandesa contradice aquel mensaje del 6 de diciembre en el que se jactaba de que el juez Llarena retirara la euroorden a Bélgica "por miedo a hacer el ridículo ante la mirada europea".

El próximo paso ya es conocido. Puigdemont y el resto de exconsejeros residentes en Ginebra se entregarán a las autoridades belgas y el juez de instrucción de Bruselas les interrogará con los nuevos datos de la OEDE, mucho más abundante tras el auto de procesamiento. Se pone así el cronómetro en marcha y la decisión final sobre la eventual entrega debe tomarse en un plazo de 60 días aunque en casos excepcionales podría alargarse hasta 90.