El auto del Constitucional impide cualquier sesión de investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat que no sea la presencial. Se trata de una medida cautelar acordada en respuesta al recurso que interpuso el Gobierno. El tribunal no se pronuncia todavía sobre la petición del Ejecutivo, pero establece unas medidas cautelares tan exigentes que prácticamente consigue el propósito que buscaba Mariano Rajoy, que es neutralizar a Puigdemont para impedir a toda costa que llegue a la presidencia de la Generalitat y evitar su imagen en el pleno de investidura.

El ‘expresident’ ha anunciado que seguirá el camino señalado por el Constitucional y pedirá al juez Llarena que le autorice para asistir al pleno de mañana. No obstante, no es seguro que lo haga pues eso supondría pasarse unos meses (o unos años) en la cárcel, como otros miembros de su gobierno. Además, el juez ya le negó a Junqueras su presencia en el Parlament. Más probable es que los diputados independentistas, sin desobedecer al TC, protagonicen una agria sesión de protesta contra la decisión del Constitucional. Así, contentarán a su electorado y ganarán tiempo para pactar una salida con Puigdemont. Lo malo de todas estas maniobras secesionistas es que redundan negativamente en el conjunto de los ciudadanos. Cataluña afronta el reto de su relanzamiento tras cinco años de división interna y no necesita nuevos problemas.