De esta atropellada semana, a la que muchos le atribuyen una condición histórica, pero que tan solo produce una profunda tristeza, cuesta alcanzar a comprender cómo un dirigente político está dispuesto a anteponer la irresponsabilidad a la búsqueda de la concordia y el entendimiento social. Solo la debilidad personal y política de Carles Puigdemont explican el absurdo de un proceso que ha alimentado la división en Cataluña y cuyo penúltimo acto concluyó el viernes en el Parlament con una votación ilegal y en secreto que solo sirvió para insistir en la fractura. El daño causado, de proporciones enormes, ha concedido todo el sentido a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y ha despertado una generalizada corriente de rechazo internacional que ha servido para dejar en soledad los delirios secesionistas.

Desde el respaldo concedido por PSOE y Ciudadanos, Mariano Rajoy optó, tras la autorización por parte del Senado del artículo 155, por la inmediata destitución del Govern y por fijar para el próximo 21 de diciembre la convocatoria electoral autonómica. La cita con las urnas, que busca la rápida recuperación de la normalidad constitucional, encaja con la voluntad repetidamente expresada por el Ejecutivo de una aplicación suave del 155, mientras descubre la coherencia estratégica que existía con el último ofrecimiento lanzado a Puigdemont para frenar la declaración de independencia. La interpretación del 155 dada por Moncloa busca –como no podía ser de otro modo– el respaldo cerrado de los socios europeos afectados por el deseo de una intervención proporcional que evite la prolongación del conflicto.

Las elecciones autonómicas son, en consecuencia, la mejor respuesta al desafío independentista y tan solo presentan como duda inicial la reacción que ofrecerán las formaciones soberanistas. El ideal dibuja unos comicios con la plena participación de todas las formaciones –la CUP ya ha dicho que no tiene intención de presentarse–, aunque a día de hoy existen serias dudas sobre la decisión que adoptarán los partidos que integran Junts pel Sí. Pese a que cuatro años fuera de las instituciones, sin ayudas económicas y alejados de todo poder político real, puede resultar un periodo de tiempo más que suficiente como para dañar a cualquier partido, la sinrazón independentista invita a pensar en una suerte de oposición civil que les mantenga alejados de la legalidad y ajenos a las instituciones. De hecho, ayer mismo, y en paralelo a la llamada a la resistencia lanzada por el ya expresidente Puigdemont frente al 155, cobraron forma las informaciones que hablan de la existencia de una asamblea parlamentaria paralela y de una inminente convocatoria por parte de los secesionistas de unas elecciones constituyentes. La tensión y las posturas encontradas se desatarán, en especial en el seno de ERC –el PDECat está prácticamente desaparecido–, conscientes de que unas elecciones, pese a la traición que implica al ‘procés’, deja vacante la golosa presidencia del Govern.

No será fácil el control de la Generalitat, como tampoco será menor el esfuerzo requerido para desmontar una atmósfera que ha permitido la aceptación de una gran mentira colectiva que ha permitido visualizar al resto de España como un enemigo opresor. Los más optimistas consideran que la comparencia de ayer de Puigdemont refleja el último esfuerzo tras la aceptación de un final cierto, pero la modificación del clima de la calle, en especial con la presencia activa de la ANCy Òmnium, se muestra compleja y de muy difícil reversión.

Dentro de todo el trabajo desplegado, quizá la noticia más favorable haya sido el aparente control del Gobierno que, finalmente, ha logrado sobre los Mossos, un asunto especialmente estratégico y delicado para la recuperación de la legalidad en Cataluña.