El PSC lleva al pleno del Parlament tres propuestas de resolución -el máximo permitido- para instar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a convocar elecciones autonómicas y para iniciar una nueva etapa política de diálogo que permita mejorar el autogobierno catalán.

Las propuestas, recogidas por Europa Press, también proponen que el Parlament reclame la "paralización" de las medidas contempladas por el Gobierno central en aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat, un asunto que precisamente centra el pleno monográfico que empezó el jueves.

Los grupos pueden presentar sus propuestas hasta las 10.30 horas de este viernes y se votarán en el pleno a partir de las 12: el PSC ha optado por verter en ellas los ejes básicos de la Declaración de Barcelona que el partido pactó hace unos meses con el PSOE para ofrecer una solución dialogada y mejorar el encaje catalán.

Por su parte, el PPC se está planteando proponer que la votación de una eventual resolución de Junts pel Sí (JxSí) para declarar la independencia unilateral de Cataluña sea secreta, dado que cree que podría haber "una división muy importante" en ese grupo parlamentario sobre esta cuestión.

Según han informado fuentes de la formación, el grupo parlamentario del PPC decidirá si propone la votación secreta una vez conozca el texto de la resolución a favor de levantar la suspensión de la declaración unilateral de independencia (DUI) que está previsto que se vote hoy en el pleno del Parlament, en respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado a TV3 que "puede haber una división muy importante dentro del grupo de JxSí", ya que, a su parecer, "algunos diputados se están planteando no votar una resolución de independencia".

Por este motivo, considera que el voto secreto "podría ser una opción", y ha recordado que esa medida puede salir adelante si la solicitan dos grupos parlamentarios.

Por último, Cs propondrá este viernes en el pleno del Parlament que exija la dimisión del vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Oriol Junqueras, por la fuga de empresas, y la convocatoria inmediata de elecciones.

Cs pide la dimisión de Junqueras por su "política irresponsable" que ha causado el traslado de la sede social de más de 1.500 empresas y la retirada masiva de depósitos bancarios.

Asimismo, propone que el Parlament inste al Govern a actuar dentro del pleno respeto a la ley y convoque "inmediatamente" elecciones autonómicas, así como condenar los escraches a cargos públicos y ataques a sedes de partidos.

Cs considera que Junqueras ha propiciado "la ruptura del clima de confianza y de seguridad jurídica necesarios para el buen desarrollo de la economía", lo que a su vez ha generado el traslado de empresas que suponen el 30% del PIB a otras comunidades.

Asimismo, apuntan que se ha propiciado la retirada masiva de depósitos bancarios hacia comunidades que los ciudadanos consideran "más seguras", se han reducido las reservas turísticas --un 30%, según entidades empresariales del sector recuerdan-- y se han deteriorado los índices de confianza empresarial y de los consumidores.

La convocatoria inmediata de elecciones quieren que se haga tras volver al pleno respeto a la ley, la Constitución y el Estatut, y el "pleno acatamiento de las resoluciones judiciales", y en base al Estatut y la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen electoral general, para proporcionar garantías y seguridad a los ciudadanos.

Constatan en esta resolución que el Govern ha propiciado la ruptura de la convivencia de la sociedad catalana, dando "muestras evidentes de agotamiento, deterioro y agrietamiento interno", con una trayectoria marcada por la inacción en las políticas que más afectan a la gente, abandonando su función de representar a todos los catalanes.

Afirman que se han comportado con "menosprecio total y absoluto" a la Constitución, el Estatut y el resto del ordenamiento jurídico; se ha mostrado obsesionado por las cuestiones identitarias y ha permitido a los grupos de presión y entidades independentistas que se hayan apropiado de las decisiones.