El PP plantea limitar la percepción de la prestación de ingresos mínimos, que recoge la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por CC.OO. y UGT, a personas mayores de 26 años, y que su duración sea de seis meses, prorrogables por seis más mientras se sigan acreditando los requisitos establecidos.

En sus enmiendas a esta proposición de ley,  el PP traslada a las comunidades autónomas decidir la cuantía y los beneficiarios de esta prestación, y aunque también concede financiación estatal para las ayudas, acota su prestación a varios supuestos.

Además de los mencionados, el beneficiario debe de haber residido "de forma legal y efectiva" cinco años en España, dos de ellos ininterrumpidamente inmediatamente antes de solicitar la ayuda, llevar al menos un año dado de alta como solicitante de empleo, no percibir otra prestación económica y no realizar ningún tipo de trabajo, tanto por cuenta propia o ajena.

Asimismo, para poder solicitar la prestación no podrá haberse rechazado ninguna oferta de empleo ni haber rechazado la participación de acciones de promoción, formación o reconversión profesional, además de acreditar la realización de las mismas.

Actualmente, la iniciativa está sometida a una fase de comparecencias solicitada por los 'populares', que ya presentaron una enmienda de totalidad para darle la vuelta a la proposición de ley con una propuesta alternativa para constituir un grupo de estudio de las diferentes prestaciones sociales.

Esta semana está previsto que comparezcan ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso la directora del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y al profesor de Filosofía del Derecho en ICADE - Universidad Pontificia Comillas José Luis Rey Pérez.