Rajoy avisa a Puigdemont que "será el único responsable de aplicar" el 155

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, advierte en su carta de respuesta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que, en referencia al artículo 155, él será "el único responsable de la aplicación de la Constitución".

Rajoy lamenta "profundamente" que no haya contestado al requerimiento que le efectuó y explica que esa petición supone el paso previo al procedimiento establecido en ese artículo del texto constitucional. 

Un artículo que recalca que, en contra de lo que afirma el presidente de la Generalitat, "no implica la suspensión del autogobierno, sino la restauración de la legalidad en la autonomía".

"No puedo aceptar en modo alguno la existencia de eso que usted denomina 'conflicto histórico entre el Estado español y Cataluña'. Nunca en toda su historia -añade- los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía política y financiera que durante esta etapa democrática".

Considera por tanto que el único conflicto que existe hoy en Cataluña es de legalidad y subraya que el Congreso es "el mejor y más eficaz" marco para el diálogo que le pide Puigdemont y, por ello, le invita de nuevo a comparecer ante esa institución y exponer sus demandas.

La carta de Rajoy, de tres folios, recalca que no son creíbles los llamamientos del presidente de la Generalitat al diálogo en nombre del conjunto de Cataluña "cuando usted -señala- se niega a hablar con una parte importante de dicha sociedad a través de sus legítimos representantes que, siendo, como usted dice, menos en número de escaños, representa, como usted oculta, a un mayor número de ciudadanos en votos".

El jefe del Gobierno expone a Puigdemont que aún tiene margen para contestar de forma clara y sencilla al requerimiento que le remitió el pasado miércoles porque su aclaración es "absolutamente necesaria".

"Sigue estando en su mano abrir un nuevo periodo de normalidad y lealtad institucional que todo el mundo le está reclamando", añade Rajoy, quien subraya que "no sólo el Gobierno de España, sino todos los catalanes, tienen derecho a saber con certeza si su declaración ante el Parlament o la firma posterior de un documento redactado en términos inequívocos, implican la declaración de independencia al margen de que ésta se encuentre o no en vigor".

Y prosigue: "el presidente de la Generalitat no puede tratar así a los ciudadanos en un tema de tanta importancia. Tiene la obligación de explicarles qué ha pasado y si su voluntad es cumplir o no las leyes vigentes".

Por eso confía en que "en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo", que finaliza a las diez de la mañana del próximo jueves, 19 de octubre, responda "con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere".

A su juicio, prolongar esta situación de incertidumbre sólo favorece "a quienes pretenden liquidar la concordia cívica e imponer un proyecto radical y empobrecedor para Cataluña".

En consonancia con ello interpreta que el requerimiento que le ha enviado es una oportunidad para reconducir "el grave deterioro de la convivencia que se vive en Cataluña, para que la Generalitat vuelva a la ley y, a partir de ahí, se recupere la normalidad institucional entre administraciones".

Rajoy insiste en que la consulta del 1 de octubre "nunca ha sido válida" y contesta a la petición de Puigdemont de que "revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña" y su referencia a que hoy están citados a declarar "como imputados" ante la Audiencia Nacional el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

"No puedo como presidente del Gobierno de España interceder, ni siquiera valorar, las actuaciones de otros poderes del Estado. Le recuerdo -agrega- que todos estamos sujetos al imperio de la ley y obligados a respetar o acatar las resoluciones de los tribunales".

Recuerda también al presidente de la Generalitat que tanto los países de la UE como las instituciones comunitarias se han mostrado rotundamente contrarias a la independencia y que su actuación está provocando una "fractura" en la sociedad catalana y una "enorme incertidumbre económica" que puede hacer que Cataluña caiga en la recesión.