Mariano Rajoy reaccionó con dureza dialéctica y mesura jurídica a la convocatoria del referéndum. Lanzó una seria advertencia a Carles Puigdemont: "Haré todo lo necesario, sin renunciar a nada" para evitar la votación el 1 de octubre. Pero se guardó balas legales en coherencia con su planteamiento de proporcionalidad en la respuesta.

En la Generalitat, al menos de puertas para afuera, ni se inmutaron, denunciaron que sufren "un estado de sitio encubierto" implantado por el Gobierno de España y siguieron enfrascados en la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica, aunque preocupados por las dudas de Ada Colau para que Barcelona coopere.

Tras el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves, Rajoy compareció para enviar un mensaje de tranquilidad, "sobre todo a los catalanes", y puso todo su empeño en ser convincente al asegurar que "no habrá referéndum de autodeterminación". Después de las 24 horas de convulsión vividas en el Parlamento de Cataluña, que tuvieron su continuación ayer con el debate y aprobación de la ley de transitoriedad jurídica hasta la proclamación de la república catalana, Rajoy pronosticó que todo será papel mojado.

El presidente del Gobierno detalló que la Abogacía del Estado presentó este jueves cuatro recursos ante el Constitucional, a los que habría que sumar el incidente de ejecución de sentencia presentado el miércoles contra la admisión a trámite de la ley de referéndum por la Mesa del Parlament, el mismo procedimiento que se siguió ayer con la ley de transitoriedad. Pero sobre todo quiso ser la cara visible del Estado en la ofensiva total que ha puesto en marcha contra las decisiones adoptadas el miércoles por el Ejecutivo de Puigdemont y el Parlamento de Cataluña. El Gobierno, la Fiscalía y el Constitucional entraron ayer en acción.

Arropado por el respaldo sin fisuras de los líderes del PSOE y de Ciudadanos, Rajoy mostró su rostro más áspero con los independentistas, a los que prometió usar en su contra todo el arsenal político y legal que tiene. "No menosprecien la fuerza de la democracia española", aconsejó el presidente del Gobierno que, insistió, está decidido a utilizar "todo" el instrumental jurídico a su alcance. "Incluido –precisaron fuentes de la Moncloa– el artículo 155 de la Constitución".

Hasta ahora, el recurso a esta disposición constitucional era un tabú en el discurso gubernamental. Como todavía lo es el recurso a la fuerza en momentos extremos, un planteamiento que no se aborda ni como hipótesis, pero "todo se andará", dijo un alto cargo del PP.

La carta enviada a los 948 alcaldes de Cataluña es otra prueba de que el Gobierno no va a dejarse nada en el tintero, sobre todo cuando el campo de batalla municipal será decisivo para el éxito o fracaso de la consulta. En la misiva se recuerda a los regidores que no pueden colaborar con la consulta so pena de incurrir en delito por vulnerar la Constitución y el Estatuto catalán.

Peticiones de cárcel

Del mismo modo, la Fiscalía General del Estado amenazó por su parte con querellas criminales y peticiones de cárcel para los cargos públicos del rango que sea que cooperen con la consulta del 1 de octubre. El Constitucional, a su vez, admitió los recursos del Gobierno contra la ley del referéndum, la convocatoria de la consulta, las normas complementarias de la votación y la sindicatura electoral, lo que implica su paralización.

Una respuesta que no sorprendió lo más mínimo en la Generalitat, que además trató de aprovecharla para denunciar "la opresión" de España sobre Cataluña. El portavoz gubernamental y consejero, Josep Turull, declaró que estas medidas evidencian que existe "un estado de sitio encubierto", un argumento novedoso y no utilizado hasta ahora para compactar las filas secesionistas. Toda la batería de iniciativas legales, prosiguió el consejero, "no altera nada" los planes de Puigdemont y las fuerzas soberanistas.

Pero la impasibilidad del Ejecutivo de Puigdemont ante la respuesta del Estado también camufla una preocupación, la respuesta de los alcaldes a la carta que enviaron ayer el presidente y el vicepresidente de la Generalitat para que colaboren en la consulta. No tanto porque la contestación vaya a ser negativa, algo muy improbable porque la mayoría de regidores son soberanistas, sino por la postura que adopte la alcaldesa de Barcelona. Hasta el momento, Ada Colau ha tenido una posición poco definida, igual que Catalunya en Comú. su partido.

Una negativa de la regidora de la capital catalana a colaborar con la cesión de locales municipales sería una estocada para los planes de la Generalitat. Colau, para desesperación de los soberanistas, mantiene la incertidumbre y gana tiempo ante la carta de la Generalitat, texto que ha puesto en manos del secretario del Ayuntamiento para que analice si es legal facilitar locales públicos para la votación del 1 de octubre.

Un referéndum con baja participación en Barcelona, donde residen dos millones de personas, no pasaría de ser una votación casi centrada en localidades del mundo rural. Sobre todo porque los alcaldes de Tarragona y Lérida, ambos socialistas, anunciaron ayer que no permitirán la colocación de urnas en sus instalaciones.