Despliega el menú
Nacional

Los soberanistas culminan su desafío

Junts pel Sí y la CUP imponen su mayoría para sortear el reglamento y se reafirman en que ignorará las resoluciones de los tribunales.

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, felicitándose mutuamente.
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, felicitándose mutuamente.
AFP Photo

La mayoría soberanista del Parlamento de Cataluña se alzó este martes, a las 21:32, con una victoria de calado en su pulso con el Estado al aprobar con los únicos 72 votos de Junts pel Sí y la CUP la ley del referéndum. Pero es un triunfo con fecha de caducidad, su vigencia estará determinada por el tiempo que tarde el Tribunal Constitucional en anular la norma, decisión que es muy posible que tome este jueves mismo. Será pues flor de un día en términos jurídicos, que no políticos porque los separatistas catalanes cuentan ya con el envoltorio legal a medida para sus pretensiones y no van a renunciar a una herramienta que han tardado cinco años en diseñar. Lo que diga el Constitucional u otros tribunales es irrelevante para el soberanismo. Esa es la batalla que se abre ahora: ¿Cómo va a hacer el Gobierno de Mariano Rajoy para que la Generalitat acate las resoluciones judiciales y no haya referéndum?

Fue una jornada larga y tensa, con un pleno tormentoso de casi 12 horas en el Parlamento de Cataluña de los que no se suelen ver en las cámaras legislativas. "No he pasado más vergüenza democrática en mi vida", confesó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que tachó de "patada a la democracia" la actuación de la mayoría secesionista en la Cámara catalana. Los soberanistas de Junts pel Sí y la CUP aplicaron sin complejos su rodillo parlamentario, con la presidenta Carme Forcadell como mascarón de proa, y huérfanos de argumentos derribaron los formalismos reglamentarios por la fuerza de los votos. Tras el debate, en Junts pel Sí aceptaron que las formas no fueron las más exquisitas, pero achacaron los tonos broncos, los malos modos y la batahola que sepultó las formas al "flibusterismo" empleado por la oposición.

Ciudadanos, PSC y el PP utilizaron, y también lo reconocieron, todos los recovecos reglamentarios a su alcance para impedir, sin éxito, la tramitación y aprobación de la ley del referéndum. Al final, como gesto de protesta, los diputados de la oposición abandonaron el pleno para no participar en la votación. Ciudadanos incluso anunció la presentación de una moción de censura contra Puigdemont con el "único objetivo de que se convoquen elecciones (autonómicas)", según explicó su portavoz, Inés Arrimadas. Solo Catalunya Sí que es Pot, coalición que reúne a Podemos, Iniciativa y Esquerra Unida, se prestó al juego para que sus once diputados se abstuvieran en la votación.

Así como el pasado 1 de octubre ha quedado marcado a fuego entre los socialistas por su bochornoso comité federal, con dimisión de su secretario general incluida; este 6 de septiembre estará instalado mucho tiempo en el recuerdo de los parlamentarios catalanes sin distinción de bando por "el esperpento" protagonizado en un pleno de casi 12 horas el que unos y otros agotaron el almacén de calificativos despectivos del diccionario.

Ventana legal

La ley va a vivir pocas horas, pero serán "de oro", según los soberanistas, para el Gobierno de Carles Puigdemont, que aprovechó la ventana legal abierta para convocar el referéndum para el 1 de octubre. La Generalitat y el mundo independentista tienen claro el rumbo a seguir resuelva lo que resuelva el Tribunal Constitucional. Consideran que tienen la cobertura legal para celebrar la consulta sobre la autodeterminación y, dicen, nada ni nadie les va a hacer apearse de esta convicción.

Pero entre la euforia del primer día, y quizá último, con abrigo legal para sus planes, los soberanistas aceptan con preocupación que este paso ha sido el más sencillo porque tienen la mayoría en la Cámara. No va a ser tan fácil gestionar el día después, cuando lleguen las demandas de la Fiscalía o las anulaciones y prohibiciones del Constitucional.

Esa misma, pero en otro sentido, es la preocupación del Gobierno de Rajoy, que sabe que las resoluciones judiciales caerán una tras otra como fruta madura. El meollo es cómo hacer para que la Generalitat se sienta concernida por ellas, las acate y las cumpla. "Sería lo normal en un mundo democrático, pero el independentista no lo es, entre independencia y democracia han elegido independencia", subrayó en el debate del Parlament el portavoz socialista, Miquel Iceta.

Razonamiento que se comparte en la Moncloa, donde se confía en que las herramientas legales sean suficientes para evitar el referéndum. El Gobierno confía en que el artículo 92 de la ley del Constitucional que prevé desde multas hasta suspensión en sus funciones de los altos cargos, el Código Penal, el artículo 155 de la Constitución o la ley de Seguridad Nacional, surtan efecto. De no ser así, solo queda el recurso a los medios coercitivos, un escenario de empleo de la fuerza del que el Gobierno no habla, pero que está contemplado en "todos los escenarios están previstos" de los que habla la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.

La forma de hacer cumplir a los independentistas las resoluciones judiciales será uno de los asuntos que Mariano Rajoy, que habló en varias ocasiones con el Rey a lo largo de la jornada, abordará este jueves con los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera. También presidirá el Consejo de Ministros que autorizará la presentación del recurso ante el Constitucional contra la ley del referéndum y contra la convocatoria de la consulta.

Etiquetas
Comentarios