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¿Qué se juzga en esta primera época de Gürtel?

La relación de Rajoy con el caso es que era vicesecretario durante la campaña de 2003 pagada por la trama en dos pueblos de Madrid.

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa.
El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa.
Efe

La Audiencia Nacional no juzga en este proceso en el que comparece Mariano Rajoy como testigo la corrupción del PP. Tampoco, la supuesta financiación irregular de los populares, que se ventilará en la pieza denominada 'papeles de Bárcenas'. El juicio que tiene lugar en la sede de San Fernando de Henares solo intenta dilucidar hasta dónde llegaron los negocios irregulares que la trama que dirigía Francisco Correa llevó a cabo entre 1999 y 2005.

Es la llamada «primera época de Gürtel», el término que acuñó el tercero de los instructores de esta causa, Pablo Ruz, cuando decidió trocear esta macroinvestigación (que ya cuenta con una docena de partes) para poder agilizar el enjuiciamiento de los implicados.

En esta primera fase, por tanto, se juzgan los supuestos chanchullos y amaños de Correa y los suyos que, en la mayoría de las ocasiones, sí que tuvieron como escenario administraciones dirigidas por los populares y que contaron con la ayuda de algunos de los entonces dirigentes del PP.

El marco territorial de esta investigación -y que también limitará las preguntas a Rajoy- son las contrataciones de la red exclusivamente en tres comunidades autónomas: en Castilla y León, en Andalucía (únicamente en la localidad malagueña de Estepona) y en la Comunidad de Madrid (en el Gobierno regional y en los municipios de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y la capital madrileña).

La relación tangencial del testigo Rajoy con los negocios de esta trama pasa exclusivamente por el hecho de que el PP, como organización, se sienta en el banquillo a título lucrativo por haberse beneficiado de la trama, ya que financió con dinero de Gürtel las campañas de 2003 de los alcaldes de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, y de Majadahonda, Guillermo Ortega. El partido se enfrenta a una responsabilidad de 245.492 euros por el beneficio que obtuvo en esos dos casos de la red de corrupción desarticulada.

Rajoy en mayo de 2003 era vicesecretario general del PP. Desde ese cargo dirigió las campañas generales de José María Aznar de 1996 (anterior a los hechos enjuiciados) y el 2000, pero no tuvo ninguna implicación en las municipales del 2003, según han venido sosteniendo desde el inicio el Partido Popular, que insiste en que, según sus propios estatutos, su función no era estar pendiente de gastos de dos agrupaciones tan pequeñas como Pozuelo o Majadahonda.

Esa tesis no es compartida por la acusación popular, que arguye que desde ese puesto debió de conocer que la trama de Correa, que estaba instalada en el corazón de Génova 13, estaba haciendo llegar dinero a las arcas del partido para esos comicios.

Desde septiembre 2003 hasta octubre de 2004, intervalo que entra dentro esa primera época de Gürtel, Rajoy fue también secretario general del partido. Fue en esa época, siempre según la tesis de los populares, cuando Correa dejó de trabajar para la sede nacional porque fue el propio Rajoy, que a partir de octubre de 2004 se convierte en presidente de los populares, quien lo echó de Génova. Una versión que Correa siempre ha desmentido, asegurando que fue un problema de relaciones personales el que deterioró su relación con la dirección del partido.

37 acusados

Por aquellos negocios de Correa con las administraciones dirigidas por los populares se sientan en el banquillo 37 personas, más dos acusados a título lucrativo, el propio PP y Ana Mato. En la parte de los corruptores, el fiscal pide para Correa 125 años; para el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo; y para el contable de la trama, José Luis Izquierdo, 45 años.

En la vertiente de los corrompidos, la que más afecta a los populares, destaca el extesorero del PP Luis Bárcenas que se enfrenta a 42 años y medio de prisión; su antencesor en el cargo Ángel Sanchís, ocho años; el exconsejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo, 46 años; el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, 50 años; el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, 15 años; y el exdiputado por Segovia Jesús Merino, tres años.

Los acusados se enfrentan a los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, fraude fiscal, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

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