El Gobierno catalán ha aprobado este martes un acuerdo para "garantizar el derecho de defensa" de los miembros del Ejecutivo catalán, de los altos cargos y de los trabajadores de la administración catalana y lo ha hecho a menos de tres meses de la celebración del referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, precisando que se ha tomado esta decisión, entre otras cuestiones, por la "persecución ideológica" que ha iniciado el Estado para tratar de frenar el proceso soberanista y la votación del 1 de octubre.

Turull ha aclarado que esta protección recaerá sobre los trabajadores públicos y altos cargos, pero también sobre los propios consejeros del Gobierno catalán ya que, por ejemplo, ya existe una querella contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por haber iniciado un procedimiento para la compra de urnas.