Los grupos parlamentarios de ERC y PDeCAT han registrado conjuntamente este viernes una petición de convocatoria urgente de la Diputación Permanente del Pleno del Congreso para que comparezca el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la advertencia sobre la posible retirada del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña.

En concreto, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos ha aprobado este viernes un acuerdo por el que condiciona el pago a Cataluña de las partidas del FLA a que la Generalitat remita semanalmente una garantía de que no destina fondos a la organización del referéndum independentista del 1 de octubre, según ha anunciado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Una medida que, según la diputada portavoz de ERC en la comisión de Hacienda del Congreso, Ester Capella, "vulnera" la Constitución, la ley que precisamente el Ejecutivo "pretende hacer cumplir". Así, según ha defendido la diputada, atenta contra el artículo 2 de la Carta Magna que reconoce y garantiza "el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas", algo que incluye "la autonomía financiera y la capacidad de ejercerla".

Con esta amenaza, sostiene Capella, se vuelve a demostrar que el Gobierno "ya solo sabe atizar el miedo" para "disuadir" a los catalanes de "decidir libremente su futuro" en la consulta convocada el 1 de octubre. El Ejecutivo pedirá informes semanales certificados a la Generalitat para controlar el uso de sus recursos con la amenaza de retirarlo del FLA si se intuye que será destinado a la organización del referéndum.

Ese control, ha argumentado la diputada de ERC, "es un episodio más" dentro de las medidas que el Ejecutivo de Rajoy está aplicando los últimos meses "para liquidar la capacidad económica de la Generalitat". En este sentido, ha citado desde los recortes presupuestarios hasta los recursos de inconstitucionalidad "con que se pretende impedir que el Govern pueda aplicar sus propias iniciativas en ámbitos tan sensibles como las políticas sociales".

Por su parte, el portavoz económico del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha denunciado que esta medida "constituye una agresión contra los servicios públicos catalanes y contra las personas que viven en Cataluña".

"No es de recibido vincular la financiación de los servicios públicos esenciales a la no utilización de las urnas. Las urnas siempre son la solución y nunca un problema", ha enfatizado.