La polémica ha acompañado a Manuel Moix desde el momento de ser designado fiscal jefe de Anticorrupción hace tres meses. Pero la revelación de que posee una sociedad con sus hermanos en Panamá se ha convertido en un escándalo casi definitivo para su futuro.

Una selección polémica. El 22 de febrero el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, eligió para el puesto de fiscal jefe de Anticorrupción a Manuel Moix, un hombre de su máxima confianza. Moix era por entonces fiscal del Tribunal Supremo y antes había estado al frente del Ministerio Público en el Tribunal Superior de Madrid (2003-2015). Lo más llamativo es que los otros seis candidatos que aspiraban al puesto trabajaban o habían trabajado en Anticorrupción, mientras que Moix no contaba con experiencia pese a su dilatada carrera en 30 años.

Lezo. La operación de la Guardia Civil que supuso el encarcelamiento de Ignacio González por la supuesta malversación de fondos del Canal de Isabel II abrió un nuevo frente para Anticorrupción. Sobre Moix llovieron acusaciones de sus subordinados. Que si había tratado de poner trabas a escuchas relacionadas con el expresidente de la Comunidad de Madrid o un registro a una empresa implicada. Moix aseguró entonces que solo se preocupó de que el fiscal responsable del caso, Carlos Iañez, no retorciera la ley. También se le censuró por intentar apartar a este de la investigación tras una bronca que acabó en una junta de fiscales anticorrupción. Aunque según Moix el primero amenazó antes con irse. A todo ello se suma una grabaciones intervenidas y filtradas a la prensa en las que González transmite al exministro Eduardo Zaplana su satisfacción por el nombramiento de Moix. El preso, sabiéndose escuchado, dijo que sería "cojonudo" tenerlo en Anticorrupción.

Caso del 3%. Otra polémica se levantó a cuenta del 'caso del 3% de Convergència' y la decisión de Moix de cambiar a los fiscales que investigaban la supuesta financiación irregular del partido, José Grinda y Fernando Bermejo. A ambos y a otro fiscal les abrió después una investigación interna por supuestas coacciones a un testigo del 'caso 'Pujol'.

Reprobado en el Congreso. Es una mancha en el expediente que comparte con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal general José Manuel Maza. El 16 de mayo la oposición en pleno reprobó a los tres por sus supuestas interferencias y presiones en el 'caso Lezo'.