La Audiencia de Granada ha iniciado este lunes la primera de las nueve sesiones previstas del juicio del conocido como caso Romanones en la que declarará como acusado el padre Román, para quien la Fiscalía pide nueve años de prisión por abuso sexual a un menor, pena que la acusación particular eleva a 26 años de cárcel.

La Sección Segunda de la Audiencia ha iniciado a las diez de la mañana, con media hora de retraso, la primera sesión del caso Romanones, causa que contará con cuarenta testigos y catorce peritos y que hoy prevé solo el interrogatorio de las partes al único acusado, el padre Román.

La Fiscalía imputa al religioso un delito de abuso sexual continuado, agravado por el resultado de acceso carnal, y solicita en su escrito provisional una pena de nueve años de prisión, la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros y, entre otras medidas, una indemnización de 50.000 euros al entonces menor por daño moral.

La acusación particular, ejercida por el joven denunciante de los abusos y supuesta víctima, le atribuye tres delitos de abuso sexual, con una petición de penas de 26 años de prisión, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y prohibición de comunicarse durante 20 años, además de una indemnización de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil por daño moral.

El acusado, cuya defensa pide su libre absolución, ha llegado a la sede de la Audiencia pasadas las nueve de la mañana y ha rehusado hacer declaraciones.

El fiscal del caso, Francisco Hernández, ha explicado, a preguntas de los periodistas, que será "muy relevante" el testimonio del denunciante, que se contrastará con las periciales y las declaraciones de los testigos y que en atención a todo el desarrollo del juicio "mantendrá o modificará" sus conclusiones provisionales.

El letrado del denunciante, Jorge Aguilera, ha dicho que su cliente está "tranquilo", que el archivo de la causa para el resto de investigados iniciales por haber prescrito los delitos le provocó desazón y que afronta el juicio con esperanza.

La acción popular, ejercida por la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni), ha solicitado 15 años de prisión por delito continuado de agresión sexual, con intimidación, violencia y prevalimiento, y con acceso carnal.

El caso se abrió después de que un joven que ahora tiene unos 25 años pusiera los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17, en conocimiento de la Fiscalía andaluza en octubre de 2014, y sobre los que llegó a pronunciarse el papa Francisco.

Durante la declaración indagatoria, el único imputado en la causa expresó su "absoluta" disconformidad con el auto de procesamiento y explicó que únicamente tenía, como sacerdote, un "amor fraterno" por el denunciante de los supuestos abusos.

En este proceso judicial llegó a haber hasta doce imputados, diez curas y dos laicos, aunque la Audiencia decidió de manera definitiva declarar prescritos los delitos atribuidos a once de ellos.