En libertad los seis detenidos de UGT-Asturias, que siguen como investigados

El juzgado número 4 de Oviedo ha dejado en libertad sin medidas cautelares a los seis detenidos por el presunto fraude en la gestión de cursos de formación para el empleo en UGT-Asturias, una causa en la que los arrestados figuran como investigados.

Tras pasar 24 horas detenidos en la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, la titular del juzgado ha dictado la orden de libertad sin medidas cautelares para los detenidos en relación a una causa que investiga un presunto delito contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en subvenciones y falsedad documental.

El auto refleja además la obligación de que los detenidos comuniquen cualquier cambio de domicilio a efectos de posibles notificaciones judiciales aunque, según el abogado de UGT, Francisco Alonso, que representa a cinco de los detenidos, "deja sin efecto la detención" llevada a cabo ayer de forma paralela al registro al que durante siete horas se sometió a la sede del sindicato en Oviedo.

Tras asegurar que no ve explicación alguna a las detenciones, el letrado ha afirmado que el sindicato no descarta iniciar acciones judiciales por el operativo llevado a cabo ayer que, según el ex secretario general de UGT-Asturias, Justo Rodríguez Braga, responde a un "circo mediático" para tapar "el caso Gürtel o el del Yak-42". "Estamos muy extrañados y no lo entendemos. Se monta una parafernalia tremenda para estar a las 24 horas en la calle. Parece que esto viene de muy arriba", ha afirmado Rodríguez Braga.

Después de abandonar el juzgado, donde al igual que otros cuatro detenidos se ha acogido a su derecho a no declarar, el ex secretario general se ha desplazado junto a los otros ex dirigentes de UGT a la sede del sindicato, cuya dirección se encontraba reunida, donde han sido recibidos con abrazos y aplausos.

Declaraciones de los detenidos

Durante su comparecencia ante la juez, la ex empleada del Instituto de Formación y Estudios Sociales, Silvia Sariego, ha sido la única que ha aceptado prestar declaración para reiterar el testimonio que ya ofreció a la Guardia Civil. Según su abogado, Juan Carlos Rodríguez, su defendida tiene la conciencia tranquila al no haber cometido ninguna irregularidad "ya que siempre ha sido supervisada en el trabajo que ha realizado".

Por su parte, el ex responsable de Formación del sindicato, Daniel Rodríguez, ha señalado en UGT se pudieron hacer las cosas "mejor o peor", pero sin cometer ilegalidades y ha calificado de "desproporcionada" la operación llevada a cabo por la Guardia Civil.

"Somos gente honrada que nos sabemos de que se nos acusa. No soy consciente de ninguna irregularidad", ha subrayado Rodríguez, que ayer fue trasladado al hospital tras sufrir una crisis de ansiedad y que ha lamentado su indefensión ante "la puesta en escena" realizada ayer en la sede de UGT.

Reacciones de la oposición

La operación llevada a cabo por la Guardia Civil ha generado además reacciones en el ámbito político por parte de los grupos de oposición en el Parlamento asturiano que han coincidido en pedir explicaciones al Gobierno que preside el socialista Javier Fernández sobre el uso de las subvenciones concedidas al sindicato.

Para el PP, es "imprescindible" que se garantice que las subvenciones y fondos públicos que pagan todos los asturianos destinadas a formación han sido correctamente utilizadas y debidamente justificadas "y eso necesita una aclaración contundente".

Por su parte, Podemos ha anunciado que se personará como acusación popular o que se sumará a iniciativas de este tipo en el caso que investiga el juzgado número y que baraja pedir una comisión de investigación parlamentaria.

Mientras IU ha asegurado que mantienen una política de "tolerancia cero" y ha instado a la dirección de UGT-Asturias a "responder". Foro ha anunciado que solicitará la comparecencia en la Junta General del presidente del Principado, Javier Fernández.

Denuncia de la Fiscalía

La Fiscalía denunció en 2015 al sindicato en Asturias tras la investigación abierta por la Guardia Civil en 2014 por posibles delitos contra la Hacienda Pública (desvío de fondos para las subvenciones) y falsedad documental.

Tras la denuncia del Ministerio Público, el Gobierno asturiano se personó en la causa y procedió a la revisión de las ayudas concedidas a UGT y en el primer trimestre de 2015 acordó la revocación de subvenciones por importe de más de 400.000 euros.