No hay en el mundo sistema educativo que se precie que no sea evaluado cada tres años por PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos). En el último informe, España ofrece una imagen congelada. Sobre una escala en la que la media es de 500 puntos, tiene un descenso de dos puntos en matemáticas, hasta 486, una bajada de tres, hasta 493 puntos, en ciencias y una mejora de siete puntos en lectura, hasta 496, lo que la sitúa en la media de los países industrializados, después de que los resultados generales hayan descendido.

De nuevo, ‘rankings’, polémicas y debates infinitos para apuntarse las medallas correspondientes. Esto es debido a que las competencias medidas de algún modo pueden ser entendidas como un ‘indicador adelantado’ del éxito laboral y vital de muchos estudiantes y, de otro, por la pequeña revolución en cuanto a cómo entendemos el aprendizaje. Ahora bien, no debemos olvidar que se limita a captar un subconjunto de competencias que, si bien son importantes, no pueden entenderse de ninguna manera como las únicas competencias a adquirir dentro y fuera de la escuela. Son muchos (incluida la misma OCDE) quienes están ya elaborando un marco que permita a los sistemas educativos avanzar hacia el logro de competencias globales y que incluyen, entre otras, competencias sociales y emocionales, como la empatía y la responsabilidad, o competencias y valores como el respeto a la multiculturalidad o la dignidad humana. En el momento que estamos viviendo me gustaría que el informe PISA nos ayudara a abrir una reflexión conjunta sobre las competencias que los jóvenes adquieren en la escuela, así como la discusión sobre cuál debe ser el principal objetivo de cualquier sistema educativo.

Los datos demuestran que hemos hecho avances y que tenemos un sistema inclusivo con graves desequilibrios internos. Existen diferencias académicas entre las regiones ricas y pobres en España o, dicho de otra manera, entre el norte y el sur del país. Se vuelve a demostrar que las mayores desigualdades no se dan entre países, sino entre regiones y, más aún, entre el nivel cultural de los padres. Estos datos resultan muy preocupantes pues puede suceder que la falta de adaptación de nuestro sistema educativo acabe concentrando las dinámicas innovadoras en los sectores con más recursos y capacidades cognitivas y relacionales, incrementando así la desigualdad. Nos cuesta alcanzar el nivel educativo que este país necesita y merece.

Me ha gustado mucho la respuesta de Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, cuando le han preguntado sobre España: "No tengo una respuesta fácil, excepto que su concentración excesiva en la legislación y las normas ha desviado la atención lejos de lo único que logrará mejores resultados de aprendizaje: la calidad de la enseñanza". La clave está en "empoderar a los profesores para que lideren esta transformación".

Considera que, frente al "difícil dilema" entre mejores profesores o clases con menos alumnos, "los modelos más exitosos suelen decantarse por lo primero". Este parece que es el modelo que ha seguido Castilla y León, de aquí sus buenos resultados. También tenemos el ejemplo de Portugal, pues ha conseguido aumentos cercanos a los 30 puntos (el equivalente a un curso escolar, según la convención a la que ha llegado la OCDE) después de seis evaluaciones y sus responsables lo atribuyen a una apuesta por la formación pedagógica de los profesores.

Al tomar como país ejemplar en resultados a Finlandia, hemos de saber que sus profesores tienen altos estándares profesionales, carreras profesionales atractivas y trabajan juntos y se aconsejan y apoyan entre ellos para mejorar sus prácticas de enseñanza. Y, finalmente, es fundamental, como señalaba en un informe de septiembre la OCDE a España, que no es posible una educación de alta calidad sin una financiación sostenible. Ese mismo análisis constataba que el gasto educativo español es inferior a la media de los 35 países que integran la OCDE en todas las etapas, del colegio a la universidad.

Conclusión evidente: debemos invertir más y de modo más igual. No podemos ni debemos olvidar que la educación es un bien común y un derecho humano fundamental que deben garantizar los poderes públicos.