El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha acusado a Hacienda de iniciar una "caza de brujas" directamente contra él al acusarle de supuestos delitos fiscales que "pudieron y debieron" ser comprobados antes de ser denunciados, y que ahora trata de desmontar con un informe presentado al juez.

En un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que investiga el origen de la fortuna del también ex director gerente del FMI, Rato critica que la Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, ONIF, le atribuyera un delito de alzamiento de bienes para eludir las fianzas del "caso Bankia" y la pieza separada de las "tarjetas black".

Un delito que apenas seis días después se demostró que no había cometido y, sin embargo, sirvió de argumento para su detención y el registro de su domicilio en abril de 2015, lo que, en su opinión, vulneró sus derechos constitucionales.

El exministro de Economía pone el foco en el supuesto alzamiento de bienes que la Fiscalía de Madrid denunció en abril de 2015 a raíz de un informe de la Oficina Antifraude (ONIF) y que fue utilizado como justificación para el registro de su domicilio y su posterior detención, unas "gravosas diligencias" que limitaron sus derechos constitucionales.

En un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Rato critica que la ONIF, dependiente del Ministerio de Hacienda, le atribuyera un delito de alzamiento de bienes para eludir las fianzas del "caso Bankia" y la pieza separada de las tarjetas de Caja Madrid.

El también ex director gerente del FMI recuerda que en el momento en el que Hacienda le achaca este delito, la propia Bankia ya había depositado en la Audiencia Nacional una fianza solidaria de 18 millones de euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles por la salida a bolsa de la entidad.

Asimismo, en la investigación sobre las polémicas tarjetas, Rato señala que él mismo ya había presentado un aval bancario por importe de 3 millones de euros, por lo que en ningún momento trató de alzarse con su patrimonio, como sugería Hacienda en su informe.

A pesar de ello, a juicio de Rato, el fiscal cometió el grave error de denunciar unos hechos que pudo y debió comprobar antes de presentar su acusación, pues su obligación era cotejar la veracidad del informe de la ONIF.

"La falsedad de dicho hecho quedó en evidencia cuando la Fiscalía Anticorrupción reconoció 6 días después de la interposición de la denuncia que todas las responsabilidades pecuniarias exigidas judicialmente a Rato se encontraban debidamente afianzadas".

Además, Rato detalla que abonó al fisco casi 6,23 millones de euros en el IRPF de 2009 a 2014 e incide en que el informe con el que se inició el proceso está "plagado de evidentes errores", de los que fácilmente podría haber salido la ONIF y la Fiscalía con un mínimo de diligencia debida.

Pero se ha aportado también un informe pericial elaborado por el inspector de Hacienda en excedencia Carlos Neira, con el que Rato trata de desmontar el resto de delitos que "torticeramente" le atribuye el fisco.

Y es que en este documento se asegura que Hacienda tenía constancia del origen del dinero con el que las empresas del exministro llevaron a cabo movimientos de divisas.

Una circulación de capitales invisible para la ONIF, que en su informe denunció movimientos por valor de casi 7 millones entre la principal sociedad del ex director gerente del FMI, Kradonara 2001, y Reino Unido, Gibraltar y Luxemburgo, una cantidad de la que 6,5 millones correspondieron a ingresos.

"De un simple análisis de la contabilidad de Kradonara" se podría haber comprobado que todas estas transferencias procedían de su socio único, la sociedad "inglesa" Vivaway, y que, "en ningún caso, suponen renta alguna ni para Kradonara ni para don Rodrigo Rato".

Se trata de transferencias "debidamente contabilizadas" que Vivaway llevó a cabo con fondos procedentes del banco de inversión Lazard y de las sociedades Red Rose y Westcastle, "todas conocidas por la Agencia Tributaria y declaradas" por Rato tras regularizar sus bienes en el exterior.

Por lo tanto, insiste, con ellas "no hay ganancia de patrimonio no justificada".

El expresidente de Bankia también rebate la acusación de la Agencia Tributaria de que defraudó al menos 324.000 euros entre 2013 y 2014 por haber recibido en Kradonara pagos de Telefónica, al recordar que desde 2010 el fisco entiende que este tipo de servicios profesionales se pueden facturar a través de empresas.

Por todo ello Rato pide al juez la nulidad de todas las actuaciones y con ello el archivo de un caso que parte de una denuncia falsa de la Fiscalía "carente de fundamento".