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El Gobierno aprueba la evaluación final de Primaria

S?ervirán para evaluar las competencias de los alumnos en Lengua, Matemáticas, Ciencia y Tecnología.

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Emilio Naranjo

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto por el que se regulan las características generales de la evaluación final de Primaria, que establece la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad educativa (LOMCE) su puesta en marcha este curso 2015-2016, y que servirán para evaluar las competencias de los alumnos en Lengua, Matemáticas, Ciencia y Tecnología.

El texto incluye una previsión específica para regular la forma en que los titulados en Formación Profesional Básica que finalicen en junio de 2016 (del 2015-2016) y de 2017 (del curso 2016-2017) puedan obtener el título de Graduado en ESO sin verse obligados a esperar a junio de 2018, cuestión que ha sido planteada por diferentes comunidades autónomas y representantes del sector.

Así, según el decreto estos jóvenes podrán obtener el título "siempre que en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la ESO y adquirido las competencias necesarias".

"España se suma así a la tendencia internacional mayoritaria en los países de la OCDE, garantizando la homogeneidad de las competencias adquiridas en todo el territorio nacional, a través del sistema educativo y, en consecuencia, la igualdad en la educación de todos los españoles", ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, la 'número dos' del Ejecutivo ha indicado también que el informe PISA "apunta que los países que emplean exámenes externos tienden a un mejor rendimiento" y que de los 34 países analizados en este informe internacional, 24 de ellos cuentan con exámenes externos.

El ministerio explica que el objetivo de esta prueba, cuyo resultado no condicionará a los alumnos para pasar a la ESO, es "diagnosticar dificultades de aprendizaje" en las competencias lingüística, matemática y en ciencia y tecnología, "facilitar la transición entre las etapas" de Primaria y ESO, y "orientar e informar sobre necesidades de intervención, mejora o adaptación curricular".

En las comunidades autónomas que tengan lenguas cooficiales también será objeto de evaluación la lengua cooficial y sus resultados se incluirán en la evaluación de la competencia de comunicación lingüística, en la misma proporción que la Lengua Castellana.Medio millón de alumnos

Las evaluaciones serán individualizadas y censales, es decir, comprenderán a un total de 481.375 alumnos que cursan actualmente el 6º curso Primaria en casi 14.000 centros docentes, tanto los centros con financiación pública (públicos y concertados) como los privados. La aplicación y corrección de las mismas corresponderá a profesorado funcionario del sistema educativo ajeno a los centros docentes.

Los alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo, tales como discapacidad, dislexia, dificultades específicas de aprendizaje, y otras condiciones personales o de historia escolar, realizarán pruebas adaptadas a sus necesidades, según informa el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo.

Los padres, madres o tutores legales de los alumnos podrán solicitar la revisión de los resultados obtenidos en la evaluación ante el organismo competente de cada administración educativa. Éstas podrán establecer planes específicos de mejora de los centros, "teniendo en cuenta la situación de partida del centro, la mejoría o empeoramiento de sus resultados, y la problemática socioeconómica del entorno", apunta el ministerio.1,45 millones

El resultado de la evaluación final de etapa se expresará en los siguientes niveles para cada una de las competencias: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB). Los presupuestos del Ministerio de Educación 2016 incluyen una partida de 1.451.930 euros que se destinarán a financiar la realización de estas pruebas.

Según el Marco General de la Evaluación final de Primaria, publicado por el Ministerio de Educación el pasado mes de mayo, elaborado por el Grupo de Trabajo de Evaluación e Información Educativa --integrado por técnicos de Educación y de las comunidades autónomas-- la prueba constaría de hasta 200 preguntas, el 40 por ciento como mínimo tipo test.

Este aspecto no aparece regulado en el decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. Fuentes del Ministerio de Educación han indicado a Europa Press que aquel documento era una propuesta y que el Gobierno determina únicamente los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y, más adelante la fecha en que deben realizarse, pero no cómo se hacen las pruebas, ya que depende de las administraciones educativas autonómicas.

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