El PSOE propone en la Constitución el derecho a una renta para los más pobres
Los socialistas abogan por incorporar mecanismos que garanticen el Estado del bienestar. El ingreso mínimo vital es una de las principales medidas del programa electoral.
El PSOE es partidario de que la Constitución incluya el reconocimiento del derecho "a un renta o ingreso mínimo vital" para aquellas familias que tengan pocos recursos con el fin de que puedan mantener una vida digna. Esta medida se recoge en la propuesta de reforma de la Carta Magna que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentará mañana en Madrid junto a los barones del partido como parte de su programa para las elecciones del 20 de diciembre.
En el documento, al que ha tenido acceso EFE, los socialistas abogan por incorporar mecanismos que garanticen el Estado del bienestar fortaleciendo los derechos sociales, en particular, a la protección de la salud y por la Seguridad Social ante casos de necesidad.
En este apartado, es en el que defienden "el reconocimiento del derecho a una renta o ingreso mínimo vital ante situaciones de carencia efectiva para el mantenimiento de una vida digna".
El ingreso mínimo vital es una de las principales medidas del programa electoral del PSOE, dirigida a hogares en situación de pobreza, que no supone una renta básica con carácter general, como en su día planteó Podemos.
En la propuesta de revisión de la Carta Magna, el PSOE también aboga por mejorar el reconocimiento del derecho al trabajo, incorporando una referencia expresa "al derecho a la tutela judicial en caso de despido injustificado y al derecho a la seguridad, salud y dignidad" en el empleo.
En cuanto a la vivienda, el PSOE es partidario de dotar de contenido a este derecho "mediante la previsión de obligaciones concretas para los poderes públicos, especialmente en casos de desahucio".
Para mejorar la calidad de la democracia y las instituciones, los socialistas quieren que la Constitución exija la participación de los afiliados de los partidos en la elección de sus dirigentes y de sus candidatos a las elecciones.
También se inclina por fortalecer la transparencia sobre su organización, funcionamiento y financiación e incluir el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres en las candidaturas.
Otra propuesta es "incrementar la proporcionalidad del sistema electoral para el Congreso de los Diputados" y desbloquear las listas.
Además de limitar el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno a los supuestos relacionados con el ejercicio de su cargo, los socialistas piden suprimir la inmunidad parlamentaria.
El PSOE quiere asimismo fortalecer la actuación "imparcial e independiente" de los órganos constitucionales y organismos reguladores modificando el sistema de elección de sus consejeros para que prime el mérito y no los intereses partidistas.
La reforma del PSOE plantea mantener "la unidad del poder judicial y la preeminencia del Tribunal Supremo, orientado principalmente, mediante el recurso de casación, a la unificación de doctrina", mientras que a los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos les correspondería "la culminación ordinaria de la resolución de los recursos judiciales".
En el ámbito territorial, el PSOE quiere que en la Constitución estén las comunidades autónomas por su nombre e incorporar la referencia a la autonomía de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
También reconocer "las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas: lengua propia, cultura, foralidad, derechos históricos, insularidad, organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil", sin entrar en más detalles sobre qué salida se ofrecería a Cataluña para frenar la deriva independentista.
Otra de las propuestas es incluir una regulación "expresa y específica" de la igualdad entre mujeres y hombres que se extienda, entre otros aspectos, "a la libertad de decidir sobre sí mismas", en referencia implícita a reconocer el derecho al aborto.
También afectaría al empleo y las condiciones de trabajo, a la protección frente a la violencia de género y a la participación política de las mujeres. Para poner al día la Ley Fundamental de 1978, el PSOE plantea en su documento, de diez páginas, incorporar el llamado derecho al olvido para reforzar la protección de datos personales.
