La defensa de Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructuras.cat detenido en el caso del 3%, ha cuestionado ante el juez instructor la validez como prueba de la caja fuerte que los investigadores atribuyen al alto cargo, al entender que no se ha respetado la cadena de custodia del objeto.

La defensa de Rosell, ejercida por el abogado Andreu Van den Eynde, ha presentado un escrito ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), en el que cuestiona la diligencia de la apertura de la caja fuerte, que se llevará a cabo mañana en sede judicial, en presencia del imputado, han informado a Efe fuentes judiciales.

Los investigadores han llevado al juzgado esa caja fuerte, junto con dos maletines que se abrirán mañana y que aseguran han sido facilitados por un amigo de Rosell al que este se los confió tras el registro en la fundación Catdem, que la Guardia Civil practicó el pasado 28 de agosto por orden judicial.

La defensa no ha podido acceder a más detalles sobre esa entrega referida por los investigadores, dado que el caso está bajo secreto de sumario y solo sabe de la existencia de la caja fuerte porque los fiscales aludieron a ella cuando el pasado viernes pidieron prisión incondicional para Rosell, a quien el juez dejó finalmente en libertad aunque le retiró el pasaporte.

En la comparecencia ante el juez, los fiscales apuntaron a un "colaborador" como la persona que había facilitado la caja fuerte a los investigadores, pero la defensa de Rosell considera que la obtención de la prueba plantea numerosas dudas legales, motivo por el que se opone a la diligencia de mañana. El letrado sostiene en su escrito que la caja ha permanecido fuera de la cadena de custodia judicial, sin que desde su origen haya estado bajo control de la justicia y los investigadores, y para participar en la diligencia de mañana mantiene que su cliente debería conocer la identidad de la persona que supuestamente la ha facilitado.

Por este motivo, es previsible que Rosell, al que el juez pretende interrogar mañana sobre el contenido de la caja, se acoja a su derecho a responder al magistrado y a dar cualquier tipo de explicación sobre si es de su propiedad.

La existencia de esa caja fuerte es uno de los motivos que llevaron a la Fiscalía a pedir al juez que ordenara el ingreso en prisión sin fianza de Rosell, al entender que es una muestra de su intención de destruir pruebas incriminatorias.

El magistrado instructor, sin embargo, descartó la petición de la Fiscalía y acordó dejar en libertad provisional al director general, al que inicialmente se acusa de seis delitos de corrupción, aunque con retirada de pasaporte y la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado.

La defensa de Rosell cree que la posibilidad de que el imputado pudiera destruir pruebas de interés para el caso del 3 % en las dependencias de Infraestructuras.cat es nula, teniendo en cuenta que se trata de una empresa pública donde el acceso a la información está centralizado y sujeto a exigencias de transparencia.