El futuro procesal de Rodrigo Rato parece ennegrecerse un poco más tras estrechar la justicia el cerco sobre su entorno. El motivo es dar una vuelta de tuerca más a los últimos indicios que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto en relación al patrimonio real del que fuera vicepresidente económico del Gobierno, que ha sido citado a declarar el martes próximo y se le podrían imponer medidas cautelares.

Son ya nueve los imputados en el procedimiento abierto a mediados de abril para esclarecer si Rato ocultó ingresos millonarios al fisco, presunción que se ha ido reforzando con el paso de las semanas a la luz de los datos descubiertos. A la lista de acusados, en principio por delitos de corrupción entre particulares y blanqueo de capitales, se sumaron este viernes dos personas del círculo más estrecho del exdirigente del PP.

La primera es Teresa Arellano, secretaria de 'toda la vida' de Rato (más de 30 años). Su relación ha sido tan estrecha que, además de estar con él en el Ministerio de Economía, le acompañó al FMI cuando fue nombrado director gerente (2004). Incluso despachaba asuntos en su nombre, sobre todo en su etapa al frente de Caja Madrid y Bankia (2010-2012).

El expolítico llegó a nombrarla administradora única de siete sociedades aparentemente instrumentales. Una de ellas tiene una relevancia singular: Kradonara, pieza clave de su entramado y que según la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) recibió 6,5 millones de euros entre 2006 y 2014 (con Rato aún en el FMI), "sin que conste que se haya tributado por tales rentas" que procedían de Gibraltar, Reino Unido y Luxemburgo.

Su matriz es Vivaway, radicada en el Peñón aunque se administra desde otros dos paraísos fiscales: las islas británicas del Canal de la Mancha y las islas Granadinas. De ella se sabe que recibió, al menos, otros 3,4 millones que tampoco habrían sido declarados ante Hacienda.

El segundo es Miguel Ángel Montero, que aparentemente tenía un doble papel para la familia Rato desde hace décadas: de un lado, gestor de confianza; por otro, testaferro. Ha aparecido como administrador único de hasta 35 sociedades y su nombre saltó a la luz pública en 2001 porque el HSBC, banco clave en el 'caso Gescartera', había dado un crédito de 3,1 millones de euros a Muinmo, una de las empresas del clan.

Su papel es especialmente relevante con la sociedad Cor Comunicación, que según la ONIF ingresó entre 2008 y 2013 un total de 25,9 millones de euros por intermediar en la contratación de espacios publicitarios para grandes empresas nacionales como Endesa, el Banco Santander o Caixabank. En Hacienda llama la atención que Rato tratará de ocultar que era su dueño real.Medidas cautelares

Arellano y Montero fueron detenidos el miércoles por agentes de la UCI y este viernes pasaron a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. Tras tomarles declaración durante casi tres horas, el magistrado Antonio Serrano-Artal les dejó en libertad pero con la obligación de comparecer una vez al mes en sede judicial y no viajar al extranjero sin autorización previa.

Sin embargo, según fuentes jurídicas, sus respuestas fueron algo evasivas y poco concretas, aunque sí mantuvieron que actuaron como administradores por "encargo personal" de Rato. Dado que a través de las sociedades en las que aparecían se pudieron cometer varios delitos fiscales en favor del exministro -Hacienda le acusa de defraudar 3,7 millones entre 2011 y 2013, y el juez cree que tampoco declaró lo que cobró por dar cursos y conferencias-, ambos podrían ser imputados más adelante también como partícipes de esos ilícitos (en calidad de cooperadores necesarios o cómplices).

La UCO, muy activa estos días, también interrogó el jueves por la noche a Rodrigo Rato sobre el posible amaño de contratos concedidos por Bankia a favor de determinadas empresas. Le preguntaron en concreto por las adjudicaciones de campañas de imagen al grupo Publicis, que en su etapa (2011-12) multiplicó exponencialmente la facturación con el banco hasta los 56,2 millones.

El empresario mexicano Alberto Portuondo, el único de los imputados que está en prisión, recibió dos millones de Publicis y luego derivó, al menos, 833.000 euros al propio Rato a través de su sociedad Kradonara. Considerado otro testaferro, dijo al juez que le abonaba 40.000 euros mensuales por asesoramientos verbales, pero el expolítico declaró que no tenían relaciones directas (solo a través de su sociedad) y que él no intervino en los contratos concedidos a Publicis.