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Aprobada por las Cortes la reforma de la Ley de prohibición total de minas antipersona y armas de efecto similar

?Esta modificación estaba pendiente desde el otoño de 2013, cuando el Gobierno envió a las Cortes Generales el proyecto.

La reforma de la Ley de 1998 de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar ha recibido la aprobación de las Cortes Generales con el visto bueno que ha dado este martes la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado al texto remitido por el Congreso de los Diputados.

El objetivo del proyecto de ley que modifica la norma de 1998 es incluir los compromisos adquiridos por España al adoptar la Convención sobre municiones en racimo y el Protocolo sobre restos explosivos de guerra de la Convención sobre ciertas armas convencionales.

Esta modificación estaba pendiente desde el otoño de 2013, cuando el Gobierno envió a las Cortes Generales el proyecto de reforma, si bien España ya había finalizado la destrucción de todo su arsenal de bombas de racimo cuatro años antes.

La reforma aprobada este martes en el Senado con 25 votos a favor y uno en contra (el de la senadora de ERC) afecta a prácticamente la totalidad de la mencionada ley, pues actualiza todo su articulado e incorpora en él referencias a las municiones en racimo y los restos explosivos de guerra, de acuerdo con las nuevas obligaciones asumidas por España al adoptar los citados instrumentos internacionales.

La Convención sobre las municiones en racimo, relativa a la prohibición del empleo, la producción, el almacenamiento y la transferencia de estas armas fue aprobada el 30 de mayo de 2008. El instrumento de ratificación por parte de España fue depositado el 8 de junio de 2009.

La finalidad de esta Convención es velar por que estas armas no vuelvan jamás a emplearse y se destruyan decenas de millones de submuniciones en racimo. Tras haber destruido ya las municiones en racimo de las Fuerzas Armadas españolas, con la modificación de la ley de 1998 España se incorpora al grupo de Estados que se hallan a la cabeza de la comunidad internacional en la aplicación de la Convención.

La nueva ley establece la prohibición total del empleo, almacenamiento, conservación, transferencia o exportación a cualquiera, directa o indirectamente, de las minas antipersona, municiones en racimo, bombetas explosivas y armas de efecto similar. También queda prohibida su publicidad y financiación, así como ayudar, alentar o inducir a participar en estas actividades y la infracción de esta norma será sancionada por el Código Penal.

Aunque España ya lo hizo hace años, la ley también obliga al Estado a "destruir o garantizar la destrucción de todas las minas antipersonal y municiones en racimo, incluidas aquellas que pudieran ser descubiertas con posterioridad a la entrada en vigor de las convenciones y de haber destruido los arsenales existentes".

El texto legislativo había sido aprobado en Comisión el pasado 17 de junio en el Congreso de los Diputados, donde se incorporaron tres enmiendas (una del PSOE, una del PNV y una de ERC), pero en el Senado el PP no ha aceptado ninguna. Dos de las enmiendas presentadas por ERC en la Cámara alta fueron inadmitidas a trámite, y el resto (del PSOE, IU, ERC y PSC) han sido rechazadas en la votación de este martes.

José Sala, del Grupo Parlamentario Popular, ha dicho a la oposición que no puede aceptar las enmiendas que abogan por extender a entidades domiciliadas en terceros países que no hayan firmado la Convención la prohibición de financiación de minas antipersona, municiones en racimo, bombetas explosivas y armas de efecto similar. Ese criterio "tendría un carácter extraterritorial que excedería las competencias de nuestro ordenamiento jurídico", ha explicado.

En cuanto a las enmiendas que buscan aumentar la cuantía de las multas por actividades prohibidas hasta alcanzar el importe del beneficio obtenido con esas actividades, el senador del PP ha argumentado que "no existe concreción en la base legal de esa multa" y que, además, es en el Código Penal donde deben recogerse las sanciones.

También ha rechazado prohibir la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones militares con otros Estados que no sean parte de la Convención de Municiones de Racimo y que las utilicen. Según Sala, eso limitaría o impediría la colaboración con Estados aliados en ciertas operaciones, "afectando incluso a compromisos ya adquiridos".

Por último, sobre las enmiendas de ERC que han sido inadmitidas, ha indicado que sería "improcedente" incorporarlas a un proyecto de ley cuyo objetivo principal es "ajustar el ordenamiento jurídico español a las obligaciones derivadas de un tratado internacional.

ERC pretendía modificar la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, racionalizar la política europea de defensa y seguridad y negociar el retorno de los créditos recibidos por la industria armamentística. La senadora Ester Capella ve "hipócrita" que España prohíba las minas antipersona y, al mismo tiempo, destine cada vez más dinero a gasto militar y armamentístico.

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