Fernández Díaz: "El tiempo dirá que las críticas a la ley de Seguridad son infundadas"

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que el tiempo y la experiencia serán los que pongan de manifiesto que las críticas a la Ley de Seguridad Ciudadana, que ha entrado este miércoles en vigor, no están fundamentadas, y ha vuelto a avalar su constitucionalidad y su carácter garantista.

Tras inaugurar en el Senado un acto de mujeres en la Policía, Fernández Díaz ha indicado que se trata de una norma "para nuestros tiempos, plenamente garantista" que cumple con el mandato constitucional a las fuerzas de seguridad de velar por la protección de la seguridad ciudadana y por los derechos y libertades.

Y ha ido más lejos al afirmar que países como Reino Unido y Francia aprobaron el pasado año leyes similares y, "en algunas aspectos, más duras". Según el ministro, la que la oposición ha bautizado como "ley mordaza" y contra la que se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, ha recogido todo lo bueno de la anterior norma -la conocida como ley Corcuera o de la "patada en la puerta"- y se ha adaptado a los cambios de España en estas dos últimas décadas.

Ha recordado que la ley se ha elaborado por el "limbo jurídico" en el que quedaban determinadas conductas al desaparecer del Código Penal las faltas y porque una moción del Congreso aprobada en julio de 2012 instaba a redactar una nueva normativa. Además, ha añadido, recoge la jurisprudencia de los tribunales Supremo y Constitucional y ha pasado por los filtros del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, de la Agencia de Protección de Datos y del Consejo de Estado, cuyas observaciones han sido incluidas en el texto.

Precisamente, ha resaltado una de las conclusiones del Consejo del Estado, un órgano que dictaminó que la ley sí consigue el equilibrio adecuado entre seguridad y libertad. "Todo es mejorable, pero con esos controles jurisdiccionales, el filtro de constitucionalidad, sin perjuicio de lo que diga el TC, está garantizado. No tengo la menor duda que a medida que transcurra el tiempo y se vea como actúa esa ley, muchas dudas y críticas se verá que no tienen fundamento", ha subrayado el ministro.

Fernández Díaz ha opinado que muchos de esos reproches se han arrojado desde "el desconocimiento absoluto", y ha explicado que de ningún modo el texto lleva aparejado penas privativas de libertad porque se trata de una norma administrativa. Entre los aspectos que ha citado de la ley, el ministro se ha referido a la posibilidad de grabar a lo agentes en el ejercicio de su trabajo, y ha dejado claro que se garantiza el derecho a la información y que lo único a lo que se pone restricciones es a la posibilidad de que esas imágenes tengan como finalidad afectar a la intimidad personal y familiar del agente o a su seguridad.

Otra garantía que incorpora la ley, según ha querido resaltar, es la prohibición de las redadas basadas en perfiles étnicos, muy criticadas por entidades nacionales e internacionales cuando se llevaron a cabo con gobiernos del PSOE, ha apostillado. También regula los cacheos -que deberán efectuarse con injerencia mínima y por personas del mismo sexo-, así como las retenciones, una figura intermedia entre la detención y la libertad que hasta ahora creaba inseguridad jurídica.

Fernández Díaz ha rechazado de plano las críticas a las multas que establece la ley (entre 100 y 600.000 euros), ha reiterado que las cuantías son "exactamente las mismas" que las de la norma a la que sustituye, que data de 1992, y ha dicho que como regla general se impondrá la sanción en su grado mínimo. Por todo ello, ha considerado desmesuradas las críticas, que, a su juicio, no están debidamente fundamentadas.