España tendría que aumentar la red de acogida de refugiados, cuyos centros tienen actualmente una capacidad de mil plazas, para asumir la propuesta de la UE de repatriar a 4.288 demandantes de asilo llegados a Italia y Grecia, destacan desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Se trata de momento de una propuesta de la Comisión Europea, la de repartir en los próximos dos años a 40.000 demandantes de asilo llegados a las costas italiana y griega, procedentes de Siria y Eritrea, que debe ser aprobada por mayoría cualificada en el Consejo de la UE.

Algunos estados como España han mostrado sus discrepancias con el criterio acordado para establecer esas "cuotas de refugiados", expresadas por el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha reclamado una discusión seria sobre la redistribución de los refugiados teniendo en cuenta el paro y otras circunstancias de cada país.

Por su parte, el titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha advertido de que si se aprueban los criterios de reparto por cuotas, España "los aplicaría" para distribuir entre las CCAA "los asilados que nos correspondiesen".

Según la previsión europea, España tendría que reubicar y tramitar el estatuto del refugiado a 4.288 personas -los llegados a Italia y Grecia-, a los que habría que añadir otros 1.549 que tienen ya el estatus de refugiado y que se encuentran en terceros países, según una segunda propuesta de la comisión que se aplicaría en el mismo periodo 2015-16.

Cuando a una persona se le reconoce como solicitante de asilo, entra en un programa de protección -que dura hasta dos años- y derivado a un centro de acogida, donde tiene garantizadas sus necesidades básicas -alimentación, alojamiento, asistencia psicológica y formación para el empleo e integración.

"Durante esos dos años desde la llegada de España tiene un proceso de acompañamiento que se aplica de forma personalizada. Desde el sexto mes tiene autorización de trabajo", precisa la secretaria general de CEAR, Estrella Galán.

Los primeros seis meses del inicio del tramite, los solicitantes viven en centros de acogida gestionados directamente por el Estado o por ONG.

Los gestionados por el Estado están situados en Valencia, Sevilla y Madrid (Vallecas y Alcobendas) y tienen una capacidad de 416 plazas, explica la responsable de CEAR, y repartidos por distintas ciudades, los coordinados por ONG, con un total de 512 plazas.

"Habría que ampliar, habría que dotar de más plazas al sistema de red de acogida en España", advierte Galán, quien recuerda que a través de los aeropuertos siguen entrando solicitantes de asilo que también hay que atender.

Tras los seis meses de estancia en los centros -que pueden ampliarse a nueve en las personas vulnerables-, los solicitantes de asilo "viven una vida autónoma, apoyados con prestaciones", a la espera de la resolución de su petición de protección internacional, que suele hacerse en el plazo medio de un año.

Respecto a la propuesta de la UE, la responsable de la Comisión de Ayuda al Refugiado considera que "el reparto es insuficiente, teniendo en cuenta la dimensión del drama, pero es un primer paso y por fin la Comisión se ha remangado para dar una solución".

Sin embargo, lamenta que sólo se haya hecho para los refugiados procedentes de Eritrea y Siria. "Nos parece excluyente y creemos que se debe plantear el debate en términos de vulnerabilidad, no de nacionalidad".

Recuerda al Gobierno español que "cuando uno pertenece al club de la UE, hay que asumirlo con todas las consecuencias" y destaca que la institución europea prevé un presupuesto para esta acogida, que es de 6.000 euros por refugiado.

"Lo que los estados deberían poner sobre la mesa es si ese dinero es suficiente o no, pero no rechazar la propuesta en base a criterios de insolidaridad", ha asegurado Galán. "Estamos hablando de personas que están optando por salir adelante o morir".