El Comité René Cassin de abogados de extranjería ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra España por "transgresión del derecho de la Unión e incumplimiento de sus obligaciones comunitarias" al "devolver de forma ilegal" hacia territorio marroquí a menor inmigrante al que se le impidió la posibilidad de asilo ni acogida cuanto intentaba entrar en el país a través de la valla de Melilla, el pasado 2 diciembre de 2014.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, hace alusión al caso de Diakaridia Diallo, menor de edad (nacido el 17 de noviembre de 1997), quien hasta el 10 de febrero de 2015 vivió en las cuevas del Monte Gurugú --ubicado en la costa norte de Marruecos--, con "un grupo variado de emigrantes varones de diferentes países africanos, en un precario e improvisado campamento".

El pasado mes de diciembre, Prodein difundió en un vídeo el testimonio de este joven a quien "nadie le preguntó su nombre, su edad, si quería pedir asilo". "No tuvo abogado ni intérprete, no pudo hablar. Simplemente, le detuvieron y le entregaron al ejército marroquí", explica, para incidir en que esta práctica "incumple toda la legislación española e internacional".

El Comité René Cassin señala en su denuncia que el Monte Gurugú es el último paso para muchos migrantes provenientes de regiones subsaharianas que pretenden alcanzar suelo europeo, ya que se encuentra a 10 kilómetros de Melilla, y señala que Diallo abandonó su país de origen "con el objetivo de cruzar la frontera española y así alcanzar territorio europeo".

El primer intento para cruzar la valla del menor tuvo lugar el día 20 de octubre de 2014 en las inmediaciones del paso de Mariguari, cuando fue detenido por la Mehanía Marroquí, y perdió gran parte de la zona superior de la dentadura por la actuación de los agentes, según detallan los abogados. Finalmente, pudo huir de la guardia fronteriza marroquí, sin lograr su objetivo, según la denuncia.

El texto añade que, en la madrugada del día 2 de diciembre de 2014, el menor --dentro de un grupo de 600 personas-- intentó nuevamente cruzar la valla y, tras haber sobrepasado las dos primeras, se detuvo y quedó encaramado en la tercera valla que, según los denunciantes, "está ubicada en territorio español".

El joven ya no avanzó por miedo a ser detenido por la Guardia Civil española y ser devuelto a Marruecos, según el texto, y a las 12:45 horas, después de haber permanecido en la valla durante seis horas, descendió por una escalera dispuesta por la Guardia Civil "apoyada al vallado y orientada a territorio español" por lo que "Diakaridia Diallo pisa suelo de jurisdicción española".

La denuncia concluye que Diakaridia fue detenido por dos agentes de la Guardia Civil que lo maniataron con cuerdas y fue conducido hacia una triple puerta que sirve de paso hacia Marruecos por lo que, "violándose tanto la legislación nacional e internacional", fue devuelto "de forma inmediata sin trámite o procedimiento ni asistencia de ningún tipo" y entregado a las autoridades marroquíes. Diakaridia se dirigió nuevamente al Monte Gururú sin que hasta el momento se sepa nada sobre su paradero.

Por todo ello, los denunciantes consideran que España "ha infringido el derecho de la Unión Europea al devolver de forma ilegal hacia territorio Marroquí al menor Diakaridia Diallo, quien a pesar de haber pisado suelo de jurisdicción española no le fue realizado procedimiento de solicitud para tener calidad de refugiado, asilado u otra protección internacional".

Los abogados denuncian que "tampoco se dictó decisión formal de devolución tal como establecen las Directivas comunitarias y el ordenamiento interno Español, el cual las desarrolla" por lo que, a su juicio, se violaron los Derechos Fundamentales de Diakaridia Diallo.Infringe la convención de Ginebra y viola la dignidad 

El Comité René Cassin añade que los actos descritos infringen la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y Protocolo de Nueva York de 1967 ya que se ha impedido al menor "solicitar su condición de refugiado de acuerdo a la definición dispuesta en el artículo 1 de la Convención, y gozar de los derechos que se desprenden de tal, así como de las condiciones generales de acogida".

"El gobierno español ha transgredido la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, los cuales deben ser respetados por los Estados miembros con ocasión a su vinculación al Derecho de la Unión", prosigue el documento, en el que se recuerda que el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) de diciembre de 2000 establece la obligación de garantizar el derecho de asilo.

"Con la entrega del menor a los agentes marroquíes, la Guardia Civil española lo expuso a que nuevamente fuera sometido a dolores físicos y mentales", alertan los denunciantes, por lo que estos actos "además constituyen una violación flagrante a la dignidad humana, y al derecho de integridad de la persona".

"Al realizar la devolución de facto, sin oír o abrir un expediente para valorar la situación de Diakaridia Diallo, la Guardia Civil española coarta su acceso al derecho de asilo y a las garantías que consecuentemente se derivan de él", puntualiza la denuncia.

En este sentido, indica que "Diakaridia Diallo fue expulsado mediante vías de hecho, es decir, sin haberse abierto un expediente o sin mediar decisión administrativa, mucho menos tuvo acceso a un abogado que lo asesorara respecto al ejercicio de sus derechos", además de no contar con asistencia o "valoración de ningún tipo" pese a ser menor de edad y no estar acompañado por sus padres u otro adulto a cargo, con lo que se incumple la directiva 2003/09/CE del Consejo del 27 de enero, por la cual se aprueban normas mínimas para solicitudes de asilo en los Estados miembros.

Asimismo, afirma que se ha violado la Directiva 2004/83/CE del Consejo del 29 de abril, por la cual se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y señala que los actos desplegados por la Guardia Civil española contravienen lo dispuesto en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo del 24 de septiembre de 2008, y la Directiva 2008/115/CE del Parlamento y el Consejo del 16 de diciembre.Incumplimiento de la Guardia Civil

La denuncia subraya que "el gobierno de España ha incumplido su obligación de garantizar la política migratoria dentro del respeto de los derechos fundamentales y la dignidad de la persona". Asimismo, en consonancia con lo anterior, ha incumplido "de forma flagrante sus obligaciones respecto a las garantías que se deben observar en caso de retorno o expulsión de menores no acompañados", entre otras vulneraciones.

La Guardia Civil española también ha incumplido los procedimientos de la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero, (LOEx) sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y el Real Decreto 557/2011 del 20 de abril (RLOEx) por el que se aprueba el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, según la denuncia.