La juez Mercedes Alaya, que investiga el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, ha rechazado la petición del Gobierno autonómico para que se declarase la nulidad de todo lo actuado por la magistrada en este procedimiento al entender que ha podido vulnerar el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley para "autoatribuirse" la causa.

En este sentido, fuentes del caso han informado de que la instructora ha dictado un auto, contra el que no cabe recurso, en el que rechaza la nulidad solicitada por la Junta de Andalucía, petición a la que ya se opuso la Fiscalía Anticorrupción en un escrito donde reiteraba que la magistrada es competente para instruir esta causa.

De este modo, y en primer lugar, la Fiscalía Anticorrupción alegó en su escrito que la Junta de Andalucía planteó este incidente de nulidad "sin concretar cómo o dónde se le causa la indefensión", mientras que, en segundo lugar, consideraba que "no se han vulnerado las normas de reparto" porque se trata de una cuestión gubernativa de los jueces y tan competente es un juez como otro.

La Fiscalía, por todo ello, avaló la competencia de la juez Alaya para investigar la causa de los cursos de formación al entender que "actuó correctamente" deduciendo testimonio e incoando diligencias tras recibir el oficio de la Guardia Civil con las denuncias presentadas en agosto de 2013 por el jefe de departamento de Formación Profesional en Sevilla, Teodoro Montes.