Los exconsejeros de Caja Madrid que han declarado este lunes como imputados en la Audiencia Nacional han discrepado sobre el objeto con el que se les entregó una tarjeta opaca de la entidad, si bien han coincidido en afirmar que su "naturaleza" y "uso" cambió con la llegada de Miguel Blesa al frente de la entidad.

Este lunes están compareciendo ante el juez Fernando Andreu una decena de imputados, para los que la Fiscalía Anticorrupción está reclamando en la mayor parte de los casos fianzas civiles equivalentes a lo que cada uno gastó con su visa opaca, han informado fuentes jurídicas presentes en la sala de vistas.

En concreto, el representante del Ministerio Público ha exigido fianzas civiles para José Antonio Moral Santín, que cargó 456.552 euros; el exalcalde socialista José María Arteta (137.617); Pedro Bedia (78.200); el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que desembolsó 93.984 euros y que se ha negado a declarar; el socialista Ramón Espinar (173.999); e Ignacio de Navasqües (191.981).

Por el contrario, no ha pedido cantidad alguna para Juan José Azcona (99.300); Gonzalo Martín Pascual, Guillermo R.Marcos Guerrero (130.947) y Rodolfo Benito (140.600), han informado fuentes jurídicas.

No obstante, para los dos últimos, que han impugnado los gastos que les atribuyó Bankia en su informe y han alegado que eran de representación, ha reservado la posibilidad de hacerlo más adelante.

La mayoría ha coincidido en subrayar que "hubo un cambio de naturaleza, de uso", con la llegada de Blesa a la presidencia de Caja Madrid.

Previamente, el que fuera secretario del Consejo Ángel Montero les facilitaba una tarjeta para gastos derivados de su cargo, como viajes, libros, hoteles y restaurantes, según ha explicado Espinar, y se les pedía prudencia en su uso.

A partir de 1996, cuando Blesa asume la presidencia, fue el sucesor de Montero, Enrique de la Torre, el que entregaba estas tarjetas para gastos personales con un límite anual y otro mensual que fijaba el propio presidente de acuerdo con la dedicación de cada uno, tal y como ha explicado Moral Santín.

En todo caso, los diez han afirmado que no tenían que declarar sus tarjetas a Hacienda porque Caja Madrid, titular de las mismas, lo debía hacer por ellos.

Varios de los imputados, como Arteta, han añadido además que fue "costumbre" que se les permitiera usarla incluso tres meses después de su cese, extremo del que le informó el también imputado José Manuel Fernández Norniella. Sin embargo, han diferido sobre la finalidad con que se les entregó.

Así, Azcona y Benito han dicho que fue para gastos de representación en un concepto amplio, pues incluían "ropa y obsequios".

Por su parte, Moral Santín, que fue vicepresidente de la caja nombrado a propuesta de IU, ha señalado además que recibió una de estas tarjetas de "libre disposición" por su "gran actividad y dedicación" como parte de un paquete retributivo del que formaban parte también las dietas y servicios de salud.

Tambien han mostrado discrepancias sobre si les estaba permitido retirar dinero en efectivo, de forma que mientras Moral Santín, que sacó del cajero más de 300.000 euros de sus gastos totales, ha mantenido que sí, otros como Martín Pascual han asegurado que se les advirtió expresamente de que no y que, de hecho, carecían de número PIN.