El fiscal pide al Supremo que investigue a Juan José Imbroda por prevaricación
Un juez de Melilla envió la causa al Supremo por aparecer indicios de prevaricación.
La fiscalía ha informado a favor de que el Tribunal Supremo abra una causa contra el presidente del Gobierno de Melilla, Juan José Imbroda, que podría haber cometido un delito de prevaricación en la contratación irregular de un abogado por parte de la ciudad autónoma.
Imbroda es senador, razón por la cual está aforado ante el Supremo, tribunal que deberá decidir ahora si efectivamente abre una causa contra el presidente de Melilla y nombra a un juez instructor para que investigue la posible existencia de delitos y su posible responsabilidad en ellos.
El fiscal ha informado a favor de que tome esta decisión porque considera, según señala en un escrito, que "hay indicios suficientes" de la posible comisión de un delito de prevaricación "sin descartar obviamente la existencia de otras infracciones penales" y considera que se debe esclarecer la conducta de Imbroda.
El artículo 404 del Código Penal castiga la prevaricación que comete "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo" y la castiga con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
Un juez de Melilla envió al Supremo una exposición razonada ante la aparición de indicios que, a su criterio, implican a Imbroda en la contratación irregular de un abogado por parte de la ciudad autónoma y el fiscal considera que hay motivos para que el alto tribunal se haga cargo del asunto.
La exposición razonada del juez titular del Juzgado número 2 de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, fue enviada en agosto al Supremo a partir de una investigación que apuntaba la posibilidad de que Imbroda hubiera designado a un abogado al margen de los servicios jurídicos públicos sin seguir los trámites exigidos por la ley para ello para su intervención en varios procesos judiciales.
En su escrito el fiscal dice que ha analizado "detalladamente" tanto la exposición razonada del juez de instrucción como la documentación aportada por Imbroda y que ha llegado a la conclusión de que los hechos presentan "apariencia delictiva".
Ahora la Sala de lo Penal del alto tribunal deberá decidir si hubo o no irregularidades en dicha designación, tal y como han apreciado el juez de Melilla y el fiscal.
La causa que ha llegado ahora al Supremo se inició, a partir de una denuncia de una asociación de letrados, en el año 2001, cuando la ciudad autónoma contrató a un abogado para que colaborara en la defensa de los intereses de la institución ante 150 denuncias que fueron presentadas por el despido de unas cooperativas cuya contratación pudo ser ilegal
