El arquitecto Santiago Calatrava, que ha declarado ante el juez como imputado, ha atribuido al ex presidente autonómico Francisco Camps los cambios que derivaron en el sobrecoste del proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, según la acusación popular, que ejerce Esquerra Unida (EU).

La declaración del arquitecto valenciano se enmarca en la investigación de las supuestas irregularidades en la contratación del proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, por el que cobró de la Generalitat 2,7 millones de euros.

Esta cantidad guarda relación con el redimensionamiento del proyecto, que se triplicó respecto de las previsiones iniciales, y que el arquitecto atribuye a Camps, quien según EU, pidió a Calatrava que el proyecto fuera "icónico" para la ciudad.

Por el contrario, fuentes del entorno de expresidente han explicado que "ni Camps, ni su gobierno, ni nadie de la administración autonómica autorizó sobrecoste alguno en el proyecto".

En este sentido se indica que "el proyecto fue resultado de un convenio del Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat por el cual el Consistorio ofrecía el suelo y la Sociedad Proyectos Temáticos encargaba un proyecto para un Centro de Convenciones en la ciudad".

"Todo el proyecto se realizó a través de los trámites legales que para estos proyectos corresponde. De hecho, la Sociedad Proyectos Temáticos rechazó una propuesta de proyecto que estaba por encima en precio del inicialmente previsto", han añadido las mismas fuentes.

Esta construcción fue finalmente descartada por la Generalitat Valenciana debido a la coyuntura económica, por lo que la obra no se ejecutó.

El arquitecto ha llegado a la Ciudad de la Justicia de Castellón veinte minutos antes de las 10.00 horas, cuando estaba citado por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón para declarar como imputado en la misma causa en la que figuran varios exdirectivos y actuales empleados de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Generalitat Valenciana.

Tras declarar durante una hora y diez minutos, Calatrava ha abandonado el lugar sin hacer declaraciones.

La representación legal de Calatrava ha difundido un comunicado en el que se sostiene que en 2007, previo acuerdo del Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat, el Estudio de Calatrava y la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) firmaron un contrato para el proyecto.

Dicho contrato estableció unos honorarios fijados en 2,7 millones de euros, calculados sobre el presupuesto estimado inicial de 60 millones de euros.

Posteriormente, han señalado las mismas fuentes, hubo dos contactos con el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

El primero fue telefónico -entre Camps y Calatrava- en el que el expresidente pidió que se realizara un proyecto "muy importante" para la ciudad.

En la segunda, según también la representación del arquitecto, Camps contactó con el estudio de Calatrava y mantuvo una reunión con los trabajadores de este para concretar que el proyecto sería en tres fases, de 60 millones de euros cada una -180 millones en total-, el triple de lo inicialmente planteado.

Las mismas fuentes han aclarado que los honorarios fijados "no se trataron en ninguna reunión", y que se cobraron tal y como estipulaba el contrato inicial.

Desde EU han señalado que existe documentación de la SPTCV que dice que se pagó a Calatrava los 2,7 millones de euros "a pesar de que no había cumplido el contrato y a pesar de que se le seguía diciendo que modificara el proyecto".

Tanto el portavoz de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, cuya formación ejerce la acusación popular, como el representante legal de la misma, José Luis Romero, han mantenido que fue a petición del expresidente Camps cuando se decidió ampliar ese proyecto inicial.

De las tres alternativas -la inicial de 17.000 metros cuadrados, otra de 48.000 y una tercera de 60.000- se optó finalmente por la tercera, cuyo coste ascendía a 180 millones de euros.

Camps, según EU, "hizo entender a Calatrava que se optaba por el proyecto mayor" y se mantuvieron conversaciones que lo ratificaron.

En su denuncia, la formación política considera que se han quebrado las normas de contratación pública, por lo que podrían haberse producido los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.