El Ministerio de Sanidad y las comunidades han aprobado un protocolo para agilizar los desplazamientos de las víctimas de violencia de género y de sus hijos entre casas de acogida de regiones distintas a las de su procedencia para que estén resueltos en un plazo máximo de quince días.

Lo ha anunciado la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, en rueda de prensa al término de la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que ha señalado que el protocolo ha sido ratificado por todas las comunidades a excepción de Cataluña y País Vasco.

Camarero ha afirmado que estas dos comunidades no han firmado el protocolo por temas competenciales, por lo que no tendrá vigencia en ninguna de las dos, pero ha confiado en que la solidaridad primará y que ninguna mujer va a quedar desatendida.

La comunidad de origen de la víctima o en su caso, si así lo acuerda con la de acogida, asumirán los costes de desplazamiento y cuando llegue la mujer con sus hijos al nuevo centro éstos serán escolarizados de forma inmediata.

Camarero ha destacado que esta interconexión entre comunidades y las casas de acogida se efectuará sobre los principios de "celeridad, seguridad y confidencialidad".

Según el protocolo aprobado, la comunidad de origen de la víctima también asumirá el gasto que ocasionen los viajes de regreso y el alojamiento por obligación del proceso judicial o por causa debidamente justificada.

La mujer será derivada a una casa de acogida situada en otra comunidad cuando haya una resolución judicial o un informe del Ministerio Fiscal y, en casos urgentes porque esté en juego su vida, bastará un informe del Centro de la Mujer, de Servicios Sociales, u organismos de igualdad o equivalentes.

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, ha informado de que el Ministerio ha pedido a las comunidades los datos sobre las casas de acogida y otros recursos de los que disponen para saber el número total existente.

Sanidad también ha presentado a las comunidades las "Pautas comunes para la intervención integral e individualizada con mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y otras personas a su cargo".

El texto tiene como objetivo una intervención personalizada y multidisciplinar y hace hincapié en la coordinación entre los distintos profesionales que intervienen en el proceso.

Además, define los objetivos para la recuperación de las maltratadas y sus hijos a partir de la asistencia psicosocial, laboral, educativa y sanitaria.

Tal y como ha expuesto Camarero, a las víctimas se las asignará un profesional de servicios sociales para llevar su caso y el posterior seguimiento a través de un plan individualizado.

Por otra parte, el Ministerio ha comunicado a las comunidades que contarán con 4,3 millones de euros para proyectos de atención integral para las víctimas de violencia machista y de menores a cargo.

De ellos, 3,1 millones estarán destinados a proyectos de asistencia a las mujeres y 1,2 a la atención a los menores.

A esta cantidad hay que sumarle alrededor de un millón más provenientes del Espacio Económico Europeo, en concreto de Noruega.