La Dirección General de Tráfico (DGT) intensificará durante esta semana los controles de velocidad en todo tipo de vías del país, con el objetivo sensibilizar a los conductores sobre los riesgos del exceso de velocidad que mata cada año a casi 500 personas.

Por ello, hasta el próximo domingo, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán la vigilancia en todo tipo de vías interurbanas para comprobar que los conductores circulan a la velocidad establecida.

Asimismo, la DGT ha invitado a los ayuntamientos y a las comunidades que tienen transferidas las competencias de tráfico a sumarse a esta campaña, para vigilar que se respetan los límites de velocidad establecidos, independientemente de la vía por la que se circule, con el fin de reducir la accidentalidad y la gravedad de los lesionados.

La DGT recuerda que, en 2012, un total de 447 personas murieron y 1.746 resultaron heridas graves en accidentes de tráfico en los que se registró un exceso de velocidad y que 283 de los fallecidos en estos accidentes circulaban por carreteras convencionales. Además, subraya que, si se cumplieran los límites legales de velocidad se podrían evitar una cuarta parte de las muertes en accidente de tráfico.

En este sentido, señala que, pese a que la mayoría de los conductores circulan a la velocidad establecida, más de un millón de conductores fueron detectados circulando con exceso de velocidad en los controles practicados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en 2013.

Según el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la limitación legal de la velocidad y su observancia pueden reducir de forma significativa los accidentes y las lesiones causadas por el tráfico.

También la Unión Europea en su preocupación por los excesos de velocidad que se cometen en los países miembros y la "impunidad" de los mismos cuando se cruza la frontera, dictó una directiva sobre aplicación transfronteriza de infracciones, entre las que se incluye la velocidad, y que ha sido traspuesta en la reciente Ley de Seguridad Vial aprobada hace unos días en el Congreso.

En carreteras convencionales

De acuerdo con un estudio realizado por la DGT sobre velocidad libre en las carreteras españolas --cuando hay muy poco tráfico o nula presencia policial--, el 39% de los vehículos que circulaban por carreteras convencionales superaban la velocidad límite establecida y el 13% superaba el límite en más de 20 kilómetros por hora. En estas vías es donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas. En autovías, el 10% de los conductores superaban en 10 kilómetros por hora la velocidad límite.

Otro estudio a nivel europeo, SARTRE 3, financiado por la UE sobre comportamientos y actitudes sociales, estima que el 25% de todos los ciudadanos de la UE admite superar los límites de velocidad en las autopistas y autovías y el 13% en las carreteras convencionales.

Respecto a los peatones, un informe de la OMS establece que a partir de 80 kilómetros por hora es prácticamente imposible que un peatón se salve en un atropello mientras que a una velocidad de 30 kilómetros por hora, el riesgo de muerte del peatón se reduce al 10%.

Se mantienen los límites

La nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados no varía los límites establecidos, por lo que la velocidad genérica para turismos y motos en autopistas y autovías sigue siendo de 120 kilómetros por hora, mientras que en carreteras secundarias es de 100 kilómetros por hora ó 90 kilómetros por hora en función de la anchura del arcén, y en vías urbanas, de 50 kilómetros por hora.

La DGT recuerda que los conductores que incumplan estas normas estarán cometiendo una infracción grave o muy grave, sancionada con multa de 100 a 600 euros y la pérdida de entre 2 y 6 puntos, dependiendo del exceso de velocidad.

En el caso de que el exceso de velocidad sea superior en 60 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 kilómetros por hora en vía interurbana, el Código Penal lo tipifica como delito y es castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o la de multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.