La Coordinadora 22M, impulsora de las Marchas de la Dignidad, está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior por la actuación policial al término de la manifestación del pasado sábado, según el equipo jurídico.

Los organizadores de las Marchas de la Dignidad consideran que la intervención policial del sábado fue "una provocación en toda regla" para conseguir que salieran imágenes de "acciones violentas" en los medios de comunicación.

También señalan que los veintiún detenidos en los incidentes que se registraron al finalizar la manifestación sufrieron malos tratos en comisaría, donde permanecieron siete horas contra la pared, sin tomar bebida o comida y sin que les permitieran ir al servicio.

Además, la Coordinadora 22M acusa a la Delegación del Gobierno y a las autoridades políticas de "calentar" el ambiente antes de la manifestación, al referirse a los participantes como "nazis" o miembros "de la extrema izquierda".

Ahora, los promotores de las Marchas de la Dignidad estudian acciones legales contra los responsables del dispositivo policial, que, en su opinión, empleó la "provocación" ante una manifestación "multitudinaria, pacífica y ejemplar".

De esta forma han reaccionado tras anunciar la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, la apertura de expedientes sancionadores contra organizadores de la Marchas de la Dignidad del sábado pasado.