La FP Básica pasará de 14 a 21 titulaciones

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha reconocido este miércoles que aún no tienen adjudicados los importes del Fondo Social Europeo para la Formación Profesional (FP) Básica que se implantará el próximo curso, aunque tienen de plazo hasta el 22 de abril para hacer la solicitud oficial.

Gomendio ha hecho estas declaraciones al término de la reunión sectorial -presidida por el ministro José Ignacio Wert- con las comunidades para tratar diversos desarrollos de la reforma educativa, y en la que ha estado ausente Cataluña para mostrar su rechazo a la normativa sobre el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

El Ministerio adelantará 50 millones de euros a la nueva FP Básica, que pasa de las 14 titulaciones previstas en un primer real decreto a 21 a petición de algunas comunidades, pero será un dinero solo para su implantación en el primer trimestre del curso 2014-15.

Después, confían en contar con fondos de la UE ya que, según Gomendio, Educación tiene "un acuerdo previo" con Bruselas porque se consideran "razonables" los contenidos y objetivos de esta FP Básica, que busca reducir las altas tasas de abandono escolar temprano y desempleo juvenil.

También falta, según la secretaria de Estado, decidir con los demás ministerios que reciben dinero del Fondo Social Europeo el reparto presupuestario y, finalmente, su distribución autonómica, aunque ha dicho que se tendrá en cuenta el "esfuerzo" de las comunidades para poner en marcha la FP Básica y el número de alumnos que "consigan atraer".

La financiación de la FP Básica ha sido precisamente una de las principales críticas de Andalucía, Asturias y Canarias, cuyos consejeros han achacado falta de "seriedad" al Ministerio y han asegurado que existe una situación de "incertidumbre" para las autonomías, que no saben con qué dinero contarán, y entre los propios centros y alumnos.

Otro de los temas tratados en la reunión ha sido el real decreto que aborda la enseñanza del castellano en las comunidades con lenguas cooficiales, del que Gomendio ha asegurado que entrará en vigor el próximo curso 2014-15 "sí o sí".

No obstante, ha resaltado que el Ministerio está "abierto" a debatir este tema en un grupo de trabajo, tal y como han pedido algunas comunidades, pero que se debe constituir con "celeridad". Gomendio ha resaltado que es deber del Ministerio "garantizar" la educación en castellano a aquellas familias que lo soliciten.

Ha recordado que, excepto Cataluña, donde existe "la posibilidad de que el castellano quede excluido", la mayoría de las comunidades con lengua cooficial han optado por sistemas integrados, bilingües o trilingües.

La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, ha manifestado su oposición al procedimiento administrativo que regulará la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial al considerar que "invade" competencias.

Uriarte ha explicado que, durante la reunión sectorial, ha presentado "una enmienda" a la disposición que establece que las autonomías con lengua cooficial que no tengan centros públicos o privados con el castellano como lengua vehicular deberán costear un colegio privado a los alumnos que lo pidan.

Por otra parte, Gomendio ha señalado que también se ha tratado el real decreto sobre los mecanismos de acceso y admisión a las universidades, que se establecen al desaparecer la selectividad para los alumnos que accedan a una carrera en 2017.

La opción de que las universidades fijen pruebas o entrevistas para el acceso de alumnos ha sido valorado por la consejera de Educación extremeña, Trinidad Nogales, que ha dicho que se "refuerza el proceso de autonomía universitaria".

Parecida opinión ha expresado la consejera aragonesa, Dolores Serrat, que cree que la Lomce "da espacio a las universidades en materia de admisión". Sin embargo, Andalucía, Asturias y Canarias han mostrado su rechazo a este nuevo sistema de acceso.

Asimismo, Gomendio ha dicho que, a petición de varias comunidades, se va a estudiar el que los nuevos cursos que deben hacer los directores de los centros -con validez 8 años y para toda España- por la Lomce incluyan un bloque "específico" de cada autonomía.