La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha rechazado la petición realizada por el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero para que citara a declarar al consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU), y al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), todo ello en un auto en el que ha ordenado a la Guardia Civil que investigue una serie de ayudas cuestionadas por el propio Guerrero. Asimismo, requiere a la Junta los informes de irregularidades en transferencias de financiación de los que diera cuenta Griñán.

En un escrito del pasado 28 de noviembre, el abogado del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero solicitó a la juez Mercedes Alaya que tomara declaración a ambos, aunque la magistrada concluye que "no ha lugar a recibir declaración" a Villalobos y Valderas "hasta tanto no conste el resultado de dicha investigación".

En su escrito, el abogado Fernando de Pablo señalaba que, "a lo largo de las presentes diligencias, se viene cuestionando, en relación a la concesión de ayudas, la carencia de publicidad, solicitud, ejecución y justificación".

El letrado añadía que, "en los primeros momentos del tiempo investigado y a modo de ejemplo, fueron concedidas -con cargo a la partida 31.L- ayudas a la Diputación Provincial de Sevilla --'Sevilla son sus pueblos'--, a través de su empresa instrumental 'Sevilla Siglo XXI', y a las empresas 'Autologística de Andalucía S.A.' y 'Centro Limpieza Industrial Huévar'".

Según el abogado, "en dichas ayudas intervinieron muy activamente Fernando Rodríguez Villalobos y Diego Valderas", por lo que solicitaba la declaración de ambos "con el fin de acreditar la 'solvencia' de dichas ayudas".

La juez ha acordado, en su auto consultado por Europa Press, dar traslado de este escrito a la Guardia Civil "para que investigue los hechos expuestos", por lo que, "consecuentemente, no ha lugar por ahora a recibir declaración" a ambos "hasta tanto no conste el resultado de dicha investigación".

El abogado de Guerrero también había solicitado a la juez que llamara a declarar al superior jerárquico de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan el caso ante la "falsedad" e "inexactitud" del informe realizado sobre los movimientos en sus cuentas bancarias, pero la juez concluye que "no ha lugar por ahora a recibir declaración al jefe de la UCO hasta tanto no se complete la instrucción".

Informes de irregularidades

Por otra parte, la juez ha atendido la petición realizada por la acusación que ejerce el PP-A y ha requerido a la Secretaría del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Economía y Hacienda para que remita los informes sobre las irregularidades en el uso de las transferencias de financiación "de los que haya dado cuenta" el expresidente de la Junta y exconsejero de Economía José Antonio Griñán.

En un auto la magistrada Mercedes Alaya atiende así la petición realizada por el PP-A en un escrito remitido al Juzgado el 14 de noviembre de 2013, en el que criticaba que "voces" de la Junta, "especialmente la que fue viceconsejera y posteriormente consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, han venido negando que el consejero de Economía hubiera tenido conocimiento de los reiterados informes de la Intervención General" sobre el uso "perverso" que se estaba haciendo de las transferencias de financiación.

Todo ello, añade el PP-A, "en un burdo intento de evitar la responsabilidad de quien es su 'jefe'", aunque lo cierto es que Griñán "puso en conocimiento de todo el Consejo de Gobierno de la Junta las irregularidades cometidas por las distintas consejerías en la tramitación de los expedientes administrativos para el envío de fondos a las empresas públicas a través de las transferencias de financiación y sus consecuencias perversas en la contabilidad".

El PP-A, que aporta documentación a la que ha tenido acceso a través del caso Invercaria, añadía en su escrito que "si a ello unimos el conocimiento cierto que la Consejería de Economía y Hacienda tenía de los hechos a través de la Intervención General de la Junta, podemos concluir que más de la mitad de los consejeros del Gobierno de la Junta presidido por Manuel Chaves conocía con certeza el uso ilegal que se venía haciendo de las transferencias de financiación como forma de envío de fondos, no sólo a la agencia IDEA, sino a la mayoría de las empresas públicas, para evitar la fiscalización previa".

Pues bien, la juez ha dictado un auto en el que afirma que, en el escrito del PP-A, "se formulan determinadas alegaciones en relación al conocimiento por parte del Consejo de Gobierno de las irregularidades cometidas por las distintas consejerías en la contabilización de las transferencias de financiación, aportando documentación a la que ha tenido acceso a través de otro procedimiento".

A juicio de la instructora, resulta "muy significativo, entre otros documentos", el expediente del acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de mayo de 2007 "por el que se aprueba el programa de control a realizar en el ejercicio 2007 de las empresas de la Junta sometidas a control financiero permanente, donde se incluye una nota del Servicio de Coordinación sobre 'Conclusiones de los Trabajos de 2006'".

En dicha nota "aparecen, entre otras, irregularidades en la contabilización de las transferencias de financiación --entre otras se financian con ellas encargos de ejecución, subvenciones excepcionales...--, incumplimiento de la obligación de reintegro por aplicación indebida de transferencias".

La juez alude también a la 'Memoria de control financiero permanente referida a los trabajos realizados en el ejercicio 2005', donde "asimismo constarían las irregularidades cometidas por las empresas públicas en el tratamiento contable de las transferencias de financiación", por todo lo cual "se hace necesario contar con la documentación" a la que alude el PP-A, ya que "las actas del Consejo de Gobierno en poder del Juzgado no pasan de ser meros índices".