La Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha apoyado jurídicamente a un preso que ha demandado a España ante el Comité de Derechos Económicos de la ONU por la sentencia que avaló el cobro de la manutención en la cárcel a ciertos reclusos que perciben una pensión.

La APDH ha expuesto este miércoles en rueda de prensa el caso de este preso, que primero obtuvo una sentencia favorable en un juzgado de lo Social de Córdoba en el 2007, que declaró improcedente el descuento de parte de su pensión.

Dicha Sentencia fue revocada en el 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en una doctrina avalada por el Tribunal Supremo en 2010.

Según la APDH-A, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se cumpla la pena, el pensionista debe o no pagar por su manutención y en Andalucía desde el 2008 no se cobra a los presos tras varias sentencias judiciales y según una recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz.

Por tanto, el preso defendido por la APDH-A y otros en similar situación, ante los resultados judiciales desfavorables, podrían en un futuro tener que pagar "si la administración andaluza se replanteara la decisión", ha dicho Valentín Aguilar, coordinador del área de cárceles de la asociación.

Según Aguilar, "esta tendencia es peligrosa y puede llegar a afectar a la totalidad de los pensionistas en esta u otras situaciones" y "obligar al pago de una necesidad básica, como es la alimentación, durante la privación de libertad, abre la puerta a otros casos, como puede ser tener que pagar la alimentación durante un ingreso hospitalario".