López Sors, un hombre que nunca se arrepintió

El ingeniero naval José Luis López Sors, un hombre muy escurridizo con la prensa, nunca se arrepintió de cómo fue la gestión del accidente del Prestige, pese a confesar que se sentía perseguido por proceder, en el mes de noviembre de 2002, de forma acorde a su cargo de director general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez Cascos era ministro de Fomento.

El petrolero griego "no estaba para moverlo de acá para allá" y el hecho de que el capitán Apostolos Mangouras no cooperase con el remolque dictado empeoró gravemente el estado estructural de ese viejo petrolero, una bomba de relojería con "continuos vertidos" y riesgo "en ciernes" de hundimiento, radiografía que impedía, merced a la normativa entonces vigente, la conducción a un puerto refugio.

El único alto cargo de la administración española que estaba acusado de los daños causados por la marea negra provocada por el naufragio del vetusto monocasco, ha defendido este argumento ante el tribunal de la Audiencia Provincial de A Coruña y este miércoles, once años después de aquella tragedia ecológica, supo desde la distancia que había quedado absuelto.

López Sors jamás se ha desdicho, porque se hizo "lo correcto" para proteger el litoral y evitar "daños mayores en dinero, en riqueza y en tiempo", esto último por la permanencia en la contaminación dado que, con otra actuación, el barco "estaría años soltando carga".

En su puesto debía "determinar", un nombramiento como el que entonces ostentaba está para eso, y por ello reaccionó "en defensa de los intereses generales del Estado", tal y como relató en el macrojuicio celebrado durante ocho meses y del que no ha recibido compensación por los gastos ocasionados, algo que ha puesto en conocimiento del Gobierno mediante una comunicación epistolar.

El tribunal que ha juzgado la catástrofe medioambiental originada por el hundimiento del Prestige ha eximido al Gobierno de sufragar los daños que se le reclamaban toda vez que José Luis López Sors ha sido absuelto en el proceso penal que se seguía contra él.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha dictado sentencia tras más de 8 meses de sesiones y ha desvelado la gran incógnita sobre el pago de las millonarias indemnizaciones por los daños de este siniestro, por los que la Fiscalía solicitaba una indemnización de 4.328 millones de euros.

Sin embargo, la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial sostiene que dado que solo se considera acreditado el delito de desobediencia del capitán Apostolos Mangouras, "de este no se deriva o con este no se causaron los daños y perjuicios derivados del vertido del Prestige, con independencia de la, en buena parte, cumplida acreditación de ingentes daños y perjuicios".

Así las cosas, es probable que el Estado tenga que emprender otro proceso judicial para cobrar los daños causados por la tragedia al no ser condenados los dos marinos máximos responsables del barco, pues ni la aseguradora ni la armadora son responsables subsidiarias.

Hasta el momento, por la catástrofe del Prestige la aseguradora del barco depositó en el juzgado de Corcubión una fianza de 22 millones de euros, el límite máximo establecido por la legislación entonces.

El fondo intergubernamental Fidac ha pagado en indemnizaciones 120 de los 151 millones que tendrá que abonar a los afectados por la marea negra.

Esta cantidad era la máxima establecida en 2002 por contaminación de hidrocarburos, pero la catástrofe del Prestige hizo revisar la normativa y en la actualidad esa cifra rondaría los mil millones.