Despliega el menú
Nacional

El fin de la doctrina Parot, en manos de los tribunales españoles

Los jueces de la Audiencia Nacional, en el caso de los terroristas, y los de los tribunales provinciales para el resto de condenados serán los que resuelvan los casos.

Siete años después de su nacimiento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha puesto fin a la doctrina Parot, lo que podría provocar la salida de prisión de decenas de etarras y delincuentes, una decisión ahora en manos de los tribunales que les condenaron.

Los jueces de la Audiencia Nacional, en el caso de los terroristas, y los de los tribunales provinciales para el resto de condenados serán los que resuelvan los "hipotéticos pero previsibles" recursos de los penados, según los ministros de Justicia e Interior, Alberto Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández Díaz, respectivamente.

Ambos han sido los encargados de expresar, ante una abarrotada sala de prensa en el Ministerio de Justicia, el dolor del Gobierno y el apoyo a las víctimas tras conocer una resolución de la que no se sienten "especialmente felices", pero contra la que dicen el Ejecutivo ha hecho todo lo que está en su mano.

En su mano estuvo solamente presentar el recurso contra el primer fallo del tribunal de Estrasburgo que en julio de 2012 exigió la excarcelación de la etarra Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de prisión por 23 asesinatos.

El fallo de la gran sala del TEDH, que es definitivo y no puede ser objeto de recurso, da la razón de nuevo, por 16 votos frente a uno, a que la etarra salga de la cárcel y por unanimidad dice que España violó el artículo 5.1 (derecho a la libertad y la seguridad) y el 7 (no hay pena sin ley) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Después de la sentencia -este martes la Audiencia Nacional estudia la excarcelación de Del Río y el viernes ve dos recursos de etarras que ya estaban sobre su mesa-, un número de presos que los ministros no han podido cuantificar podrían beneficiarse del fin de la Parot.

Una doctrina que nació del Tribunal Supremo al convertir el recurso del etarra Henri Parot en un nuevo criterio de aplicación de los beneficios penitenciarios, al computarse éstos sobre cada una de las penas y no sobre el periodo de cumplimiento máximo de 30 años, lo que suponía un alargamiento de la estancia en prisión.

Y como ni el Gobierno creó la Parot ni tampoco la puede aplicar, lo único que puede hacer ahora y, de hecho, ya ha anunciado que hará, es no pagar a la etarra la indemnización de 30.000 euros por daños morales y 1.500 euros en costas a la que le obliga el TEDH.

Según ha explicado Gallardón, esta cantidad se le descontará a la etarra de la deuda que mantiene con las arcas estatales que asumieron los pagos para resarcir a las víctimas de sus atentados

Con todo, los ministros han hecho un llamamiento a la tranquilidad porque el Estado no queda "inerme" ante delitos de especial gravedad, corregidos en las sucesivas reformas del Código Penal y en la que está en marcha al introducir la figura de la prisión permanente revisable.

Gallardón ha explicado que la resolución del TEDH no puede aplicarse a los condenados a partir de la reforma del Código Penal de 1995, que excluyó las redenciones de condena por trabajo penitenciario e introdujo el cumplimiento íntegro de las penas.

Fuera de esta lista y, por tanto, sujetos a una posible libertad, están 56 presos etarras, según cifran los abogados de Del Río, aunque los cálculos de Interior extienden como posibles beneficiarios en una primera fase a 61 reclusos de la banda, seis grapos y quince delincuentes con tres o más condenas.

El recibimiento que en la calle puedan tener, sobre todo, los terroristas preocupa al Gobierno, aunque el ministro del Interior ha sido tajante: "Una eventual libertad no va a suponer impunidad para violar la ley".

Las fuerzas de seguridad "no van a ir ni más allá ni más acá de lo que marca la ley", pero si los etarras son recibidos comosi fueran "héroes", ha señalado Fernández Díaz, los agentes harán lo necesario para que no se vulnere la ley.

Tampoco la política penitenciaria ni la lucha contra ETA se verá alterada tras la decisión de Estrasburgo, que en ningún caso cambia el firme compromiso del Gobierno de seguir trabajando hasta "la disolución total de la banda".

Etiquetas