El Gobierno ha acatado la sentencia que condena a los policías del chivatazo a ETA y esperará el fallo firme antes de tomar medidas contra ellos, mientras que el PSOE ha recordado que será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra y las víctimas del terrorismo han exigido que se investigue quién lo ordenó.

La Audiencia Nacional ha condenado a un año y medio de cárcel y a cuatro años de inhabilitación por revelación de secretos al exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y al inspector José María Ballesteros por el denominado "caso Faisán", que abortó una operación contra el aparato de extorsión de ETA en 2004.

Después de conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que no ha querido pronunciarse sobre el fondo de la misma, ha dejado claro que hasta que el fallo no sea firme y se agoten todos los recursos que puedan interponer los condenados, su departamento no tomará medida alguna.

También desde el Gobierno, el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha mostrado su respeto y acatamiento del fallo, como "hace siempre" el Ejecutivo ante cualquier resolución judicial.

Mientras, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que dirigía el Ministerio del Interior cuando se produjo el chivatazo, ha subrayado su respeto hacia la sentencia y ha señalado que será el Supremo el que tenga "la última palabra".

A Rubalcaba se ha referido el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro, quien ha considerado que la sentencia demuestra que el líder socialista pasó tres años "mintiendo" al Congreso y, en consecuencia, a la sociedad.

Precisamente, Gil Lázaro, que durante la pasada legislatura bombardeó a Rubalcaba con preguntas en el Congreso sobre el caso, ha señalado que el fallo demuestra tres cosas: que el chivatazo "existió", que hubo con él "finalidad política" para el "mal llamado proceso de paz" y que se produjo un "grave daño a la causa pública".

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ordenó al fiscal del caso que acusara a los dos policías de colaboración con ETA, ha defendido la necesidad de "acatar, pero de verdad y respetuosamente, las decisiones de los tribunales".

Críticas de las víctimas

Las asociaciones de víctimas también han reaccionado a la sentencia y han exigido que se investigue quién o quiénes dieron "órdenes superiores" para el chivatazo.

A María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), le gustaría que la Justicia "siguiera trabajando y llegara hasta el final, que se investigara quién fue esa persona, ese alto mando, que dio el chivatazo, porque está claro que estos dos policías no actuaron de una manera libre, sino porque recibieron una orden de más arriba".

Y Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), personada como acusación particular en el caso, ha calificado el fallo de "indecente" y ha pedido a los dos policías que señalen a aquellos que les ordenaron dar el chivatazo.

"Ballesteros y Pamies deben revelar ahora todos los secretos por los que han sido condenados, fundamentalmente quién les mandó alertar a ETA de que la Policía iba a desarrollar una operación contra el aparato de extorsión de la banda", ha reclamado Pedraza.

La AVT quiere recurrir ante el Supremo la sentencia, aunque este recurso tendría un coste de unos 12.000 euros, por lo que ha publicado en la red Twitter un número de cuenta para quien quiera aportar dinero.

Por su parte, la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que también se personó en el caso y que recurrirá la sentencia, se ha referido a la decisión de la Audiencia Nacional de absolver a los dos policías de colaboración con organización terrorista, lo que significa "justificar lo injustificable", ya que el soplo a ETA fue una "ignominia" que no evitó muertes.

Muy decepcionado con la condena se ha mostrado el Sindicato Profesional de Policía (SPP), al que está afiliado Pamiés, y su portavoz, José Antonio Calleja, ha indicado que la sentencia "es una copia del informe del equipo que investigó la filtración que apuntaba como responsables" a los dos condenados.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, ha estimado que la sentencia ha sido impuesta por un tribunal pero "empujada" desde el Gobierno y el PP, que ya tienen unos "cabezas de turco".

Según su portavoz, José María Benito, tanto Pamies como Ballesteros han sido víctimas de una justicia "politizada" y de un "montaje" en la investigación de la filtración a ETA para ocultar a los "verdaderos culpables" del chivatazo.